El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, José Mariño, afirmó hoy que la Administración local continuará con el expediente abierto a raíz de las obras que la Autoridad Portuaria inició en la nave de cableros, en el Muelle de Trasatlánticos —actualmente paralizadas y con precinto—, y aseguró que serán los técnicos municipales quienes decidirán qué "sanción" corresponde.

Mariño se reunió hoy con el director del Puerto, Luis Lara, y el abogado del Estado para abordar la situación de las obras —el pasado fin de semana se realizó la demolición de la práctica totalidad de la nave, con vistas a la construcción de una fuente en la zona— y que no fueron paralizadas hasta el lunes, cuando la Autoridad Portuaria afirmó haber recibido por registro la orden de paralización que el Ayuntamiento comunicado el sábado.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, que calificó como toma de contacto entre las partes, el edil socialista afirmó que los representantes del Puerto no explicaron en qué se amparan para defender la legalidad de las obras puesto que, para Mariño, no cumplen el actual Plan Especial, un documento que afirma que la estructura demolida es "a consolidar" y que "no permite" el uso que Porro quiere darle a la zona. Así, incidió en que la Autoridad Portuaria "no acaba de enseñar" los informes favorables que asegura tener para poder realizar la obra.

También aseguró no haber encontrado "ninguna respuesta" a la pregunta de "por qué las obras se hicieron como se hicieron", en alusión a que se iniciaran el viernes por la tarde y el domingo por la noche concluyesen pese a que el sábado se envió el requerimiento de paralización. Según afirmó, en el "99 por ciento" de los casos, las obras que se realizan de esa forma tienen el objetivo de "saltarse las normativas", algo que consideró "muy grave viniendo de una autoridad pública".

Por ello, aseguró que "el expediente sigue adelante" y que serán los técnicos quienes digan cómo se procederá. Así, incidió en que las obras "no son autorizables y la nave no se debería haber demolido", señalando que el Puerto se "saltó" la orden de paralización emitida por el Ayuntamiento.

En cuanto al proceso, Mariño recordó que se realizó una comunicación de paralización y precintado, se procedió al precintado de la zona y, posteriormente, se iniciaría un expediente sancionador, considerando que es "una falta grave el saltarse una orden de paralización". Así, destacó que serán los funcionarios municipales quienes decidan la sanción correspondiente, en función del año causado y las posibilidades de reposición de la legalidad, teniendo en cuenta que la nave que se tiró era a consolidar.

Mariño afirmó que "uno no puede hacer lo que le da la gana" y, tras asegurar que el Puerto está recibiendo el mismo tratamiento que cualquier ciudadano, destacó que lo que debería de hacer el organismo es "aprobar el Plan de Utilización y modificar el Plan Especial" porque, según incidió, el Plan Especial en vigor no permite la actuación ni el uso que Porro defiende.