El Gobierno vasco acusa al PP de actuar de forma "incendiaria" por sus críticas al proceso de matriculación escolar

Reprocha a los 'populares' que pongan "bajo sospecha a todos los centros" sin aportar "prueba documental alguna"

El Departamento de Educación del Gobierno vasco acusó hoy al secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, de tratar de "incendiar" el proceso de matriculación para el próximo curso escolar, al poner "bajo sospecha a todos los centros" sin aportar "prueba documental alguna".

La Consejería dirigida por Isabel Celaá, que la semana pasada se reunió con Oyarzábal para analizar las novedades introducidas en el sistema de matriculación, criticó en un comunicado las declaraciones realizadas hoy por el dirigente 'popular' en relación a las supuestas trabas que algunos centros están poniendo a los padres que desean matricular a sus hijos en el modelo lingüístico de castellano.

Oyarzábal denunció "la actitud y trabas" de los centros concertados de Kristau Eskola a los padres que solicitan la matrícula en el modelo A —enseñanza en castellano—, y pidió a Educación que se abran expedientes y se actúe "de forma eficiente", suspendiendo el concierto educativo a aquellos centros concertados que "se niegan a cumplir la ley".

El dirigente 'popular' realizó estas declaraciones tras su reunión con Celaá y después de que Educación modificara el sistema de matriculación con el fin de "garantizar la libertad de elección de las familias y la materialización de sus demandas, en la medida que sea posible", según explicó la consejera.

El Departamento de Educación consideró hoy que las afirmaciones de Oyarzábal "no aportan nada positivo a la transparencia y garantía del proceso de matrícula". La consejería afirmó que "no se pueden realizar afirmaciones ni pedir sanciones de esta gravedad sin aportar ninguna prueba documental, ni tan siquiera un dato".

Además, manifestó que no se debe "alejar a las familias de lo que puede ser un recorrido eficaz en su reclamación mediante un sensacionalismo que sólo confunde, ni ignorar el procedimiento regulado por ley para controlar, y sancionar en su caso, cualquier incumplimiento de la normativa vigente".

El Departamento subrayó que "ayudar a garantizar la libertad de elección de las familias consiste en comunicar qué centros son los que presuntamente no están siguiendo los criterios establecidos por la Administración", algo que lamentó que Oyarzábal "no ha hecho ni en su comparecencia ante los medios, ni tampoco directamente al Departamento de Educación".

Sistema "eficaz"

Asimismo, manifestó que "no es correcto situar a todos los centros educativos bajo la sombra de la sospecha", como ha su juicio a hecho el dirigente 'popular', cuya actitud atribuyó a "un intento de incendiar la escena". Además, indicó que este modo de actuar "no ayuda a que se inspeccionen hechos irregulares para darles el cauce jurídico oportuno, si efectivamente no fuesen ajustados al cumplimiento de la norma".

"También es incorrecto señalar que la información ha sido insuficiente", manifestó, para añadir luego que el procedimiento de matriculación que se ha implantado este año es "más eficaz y garantiza mejor que los deseos de las familias sean conocidos para poder ser debidamente atendidos".

Educación aseguró que este proceso "ha venido precedido de un esfuerzo informativo que las familias han podido constatar y aprovechar".

El Departamento informó de que en diferentes actos previos a la apertura de la matrícula fueron explicadas las mejoras introducidas en el procedimiento y que se mantuvieron reuniones con las direcciones de los centros públicos, las organizaciones que representan a estas familias y los titulares de los centros concertados. Asimismo, manifestó que "las familias son informadas en los centros con un folleto específico" y que se mantiene una línea de información permanente a través de internet.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación se comprometió a "seguir velando por la máxima eficacia y garantía en el proceso de matrícula", que concluye en primera fase el próximo día 12. Tras el mismo, se abre una fase de reclamaciones que también "será seguida con suma atención" hasta la resolución definitiva, prevista para el día 26 de marzo.

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