En un comunicado, explicaron que el Gobierno municipal debía haber hecho "una mayor ponderación en la aplicación del sistema de copago por los servicios que reciben los usuarios unido a una mejor y eficaz gestión del servicio".
"No se puede pretender, como se ha dicho desde la Concejalía de Servicios Sociales de esta ciudad, que la prestación económica asignada para cuidados en el entorno familiar del dependiente sea una ayuda a las familias en esta época de crisis", ya que se trata de "una lectura un tanto pobre de la finalidad de la ley, que en este punto pretendía crear más de 300.000 puestos de trabajo para cubrir las prestaciones como ayuda a domicilio, teleasistencia, comedores, centros de día y residencias".
"Este lamentable criterio está logrando el cierre de algunas residencias por falta de usuarios y el despido de trabajadores de las empresas encargadas de prestar atención en los domicilios desconociendo que estas ayudas económicas directas solamente se adjudicarían como una excepcionalidad, como la misma ley establece", añadieron.
Tampoco creen que sea de recibo "aplicar incrementos a los usuarios en los costes del servicio, sin previo aviso y sin la más mínima explicación, en algunos casos de hasta un 400 por ciento, viéndose obligados a renunciar a estas prestaciones un número importante de beneficiarios".
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