El sector de Justicia de CSI-F ha exigido "voz y voto" en la reforma de la Oficina Judicial en Cantabria y ha asegurado que "de ninguna manera tolerará que la implantación de esta nueva oficina se salde con un nuevo paripé", porque si la Administración continúa con esta actitud, llegarán a las movilizaciones.

CSI-F, sindicato mayoritario en la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Cantabria, aseguró que la reforma judicial debe contar con la opinión de los funcionarios de justicia, que son el 95 por ciento de los efectivos que la forman, y a quienes "es necesario defender con la mirada puesta en la mejora real de la prestación del servicio público de la Administración de Justicia".

El sindicato recordó que desde que se dio un nuevo impulso a la reforma judicial, hace ahora más de un año, CSI-F viene pidiendo el traslado de documentación y el establecimiento de un calendario de negociación para lograr la implantación ordenada de la Nueva Oficina Judicial y, en este sentido, acusó a la Consejería de Justicia de "dar largas y falsos anuncios de negociación sobre la implantación de dicha oficina".

A su juicio, "no es de recibo que a escasos tres meses para la entrada en vigor de las reformas procesales de la Nueva Oficina Judicial en Cantabria aún no se tenga ningún documento con el que empezar a trabajar".

Según dice, la Comisión mixta TSJC-Gobierno de Cantabria, creada a finales de la semana pasada, "no comenzará sus trabajos hasta dentro de diez días y a las organizaciones sindicales no se les ha dado traslado de documento alguno ni se ha fijado calendario alguno de negociación".

CSI-F indicó que, a la vista de los acontecimientos, el consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, "carece de credibilidad" cuando dice que la Justicia en Cantabria goza de un gran consenso ya que, a su juicio, "no puede existir consenso en esta materia cuando se obvia y se desprecia sistemáticamente a los funcionarios de justicia del proceso de implantación de la mayor reforma de la oficina de la que son parte fundamental".

Gestión de personal

Asimismo, el sindicato aseguró que "llama la atención" que la Consejería reclame la transferencia plena en materia de gestión de personal cuando en estos dos años "ha gestionado a duras penas las que tenía desde 2008".

En este sentido, CSI-F afirmó que tanto en la organización de la oficina judicial como en la gestión de personal se puede profundizar mucho más sin variar el actual marco legislativo.

"No son ciertas las limitaciones que se aducen, por las comunidades autónomas reunidas el pasado 28 de enero en Pamplona, para progresar en la mejora de la Administración de Justicia y resulta inquietante que dichas comunidades lancen un órdago al Ministerio de Justicia diciendo que sin las transferencias plenas se pone en riesgo la reforma de la oficina judicial", explicó.

Finalmente, CSI-F pidió un estatuto jurídico homogéneo derivado del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios de Justicia con independencia del territorio en el que presten sus servicios "puesto que el poder al que sirve es único según la Constitución".