Los sindicatos CSI-CSIF, CCOO, UGT, STAJ y USO rechazaron hoy lunes la propuesta realizada por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en cuanto al servicio común proyectado en el edificio Noga de Sevilla, ubicado en la avenida de la Buhaira, para ejecutar las sentencias emitidas por los 14 Juzgados de lo Penal allí ubicados.

En este sentido, diversas fuentes sindicales consultadas por Europa Press señalaron que la propuesta presentada por el departamento de Begoña Álvarez ha sido rechazada "unánimemente", todo ello durante una reunión celebrada hoy en la sede de la Consejería en Sevilla con el director general de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, Jorge Pérez de la Blanca.

De este modo, las mismas fuentes aseveraron que la propuesta realizada por la Administración autonómica "supone un retroceso en los derechos de los trabajadores, a los que coarta totalmente", añadiendo que "se fomenta la movilidad forzosa frente a la voluntaria", además de que supone "un mero parche" de cara al desarrollo del nuevo modelo de Oficina Judicial, todo lo cual ha llevado al sindicato CCOO a solicitar además la retirada del proyecto.

Al hilo de ello, criticaron la "improvisación" de la Consejería de Justicia en lo que se refiere a este servicio común, y agregaron que desde la Junta "se han limitado a escuchar las propuestas sin dar una opinión al respecto", ya que su intención, tal y como anunció recientemente la consejera del ramo, es que este nuevo servicio —previsto en un principio para finales de 2009— entre en funcionamiento entre finales de febrero y principios de marzo.

Está previsto que el servicio común de ejecutorias esté compuesto por siete secretarios judiciales y 65 funcionarios. Estos últimos procederán de cada uno de los 13 juzgados de lo Penal de Sevilla y del juzgado número 14, recientemente creado. Actualmente, cada juzgado de lo Penal cuenta con un juez, un secretario y ocho funcionarios —dos gestores, cuatro tramitadores y dos efectivos de auxilio—.

Notificaciones y embargos

El servicio común tiene como finalidad optimizar el trabajo de estos órganos judiciales, y para ello cinco de los funcionarios de cada juzgado de lo Penal actual —un gestor, dos tramitadores y los dos de auxilio— irán destinados a la nueva oficina, donde además desempeñarán sus funciones en esta experiencia piloto la mitad de los secretarios de los órganos de esta jurisdicción. Por su parte, los cinco funcionarios restantes —hasta completar 70 al sacar cinco de cada juzgado— irán destinados al Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

En el nuevo modelo, cada juzgado, por tanto, quedará integrado por un juez, tres funcionarios y un secretario por cada dos órganos, mientras que en el servicio común desempeñarán sus funciones siete secretarios y 65 funcionarios que agilizarán la tramitación constante e informatizada de las sentencias pendientes de ejecutar.

Esta unidad pionera de trabajo será eficaz para la tramitación de ejecutorias y para comenzar con el cambio de modelo previsto en la Oficina Judicial, ya que se pretende convertir un patrón caduco diseñado para la España rural del siglo XIX en un estado marcado por la interconexión propia del siglo XXI.