Durante su declaración como imputado en la mañana de hoy lunes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya Rodríguez señaló que el derecho de superficie "era prácticamente irrealizable, pues era previsible para Sanma —filial de Sando— que Mercasevilla, por sus graves dificultades económicas, no acometiera las obras de urbanización, agua, vertidos y acometida eléctrica en las parcelas, al igual que sucedió con Larena".

De igual modo, la juez instructora hizo alusión también al hecho de que, "pese a ser previsible para Sanma el incumplimiento de Mercasevilla, abonara a Larena por subrogarse en un derecho que no podría realizar 1.080.000 euros", afirmando asimismo que, "de construirse las naves —proyectadas por Sando—, las mismas tendrían que ser demolidas en corto espacio de tiempo, porque ya se conocía cuando se otorgó la escritura de subrogación que el nuevo PGOU aprobado en 2006 preveía el uso de esos terrenos como residencial y no terciario".

Ante esto, y tras argumentar, entre otros aspectos, que, en el momento de la subrogación, el PGOU "tenía una aprobación provisional, y por su experiencia sabe que hay planes que tardan años en aprobarse", indicó que las negociaciones para la referida subrogación la llevaron a cabo él mismo y el entonces máximo directivo del merca y también imputado, Fernando Mellet, negando que en esas negociaciones se planteara la subrogación a cambio de la adjudicación "directa" de los suelos del merca. "Jamás se habló de los dos negocios de manera vinculada o asociada", apostilló.

Posibles acciones civiles por el derecho de superficie

En esta línea, y tras negar que su empresa asesorara o interviniera en la confección del pliego de condiciones, el directivo de Sando insistió en que Sanma "nunca contempló el tener asociado el concurso y la subrogación", y negó que Mercasevilla les garantizara una posición "de preferencia" en el concurso, mientras que en relación al derecho de superficie señaló que se están planteando ejercer acciones civiles.

De este modo, Miró Morales negó también que Mercasevilla conociera el precio que Sanma iba a ofertar por la opción de compra y compraventa y su oferta técnica y social con carácter previo al concurso, ya que "no hay forma de que lo conociera"; dijo que "no le consta" que el merca quisiera que Sanma ganara el concurso, y aseguró que su empresa sí ha participado en concursos públicos con cláusula de limitación al alza, concretamente uno en la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales, aseveró igualmente, en relación al concurso, que no existió ningún acuerdo previo entre Sanma, Noga y Mercasevilla, cuestionando la juez Mercedes Alaya que Noga pudo realizar su oferta —que superaba el 39 por ciento de la media aritmética de las ofertas presentadas— "con la intención de que fuera rechazada". También fue preguntado por la oferta técnica "espectacular y detalladísima" realizada por Sanma, a lo que respondió que él conoció el concurso con la publicación del pliego de condiciones, cuando todo su equipo "se puso manos a la obra con intención de ganar" el referido concurso.

Domingo enrique castaño

Respecto a la contratación de Domingo Enrique Castaño como directivo de la empresa Desarrollo Urbanístico Sevilla-Este, Miró Morales aseveró que "en ningún momento se valoraron" sus contactos políticos, al tiempo que dijo que "no es cierto" que fuera Castaño la persona o una de las personas que les puso en contacto con Mercasevilla para la subrogación sobre el derecho de superficie, ya que lo conoció con motivo de su entrada en Sando y no lo conocía de antes.

Esta declaración se produce después de que el pasado día 29 de enero acudiera a declarar también como imputado el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano. A ellos les seguirá el próximo día 22 del presente mes de febrero el propio presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez.

En este caso están imputados, además, el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; el economista José Antonio Ripollés; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el ex edil y presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, y la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo.

Por otro lado, y en relación con la instrucción que la juez desarrolla para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, están imputados los ex directivos del merca Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira.