En un comunicado, Zoido explicó que estas viviendas presentan "una grave patología en su cimentación", lo que está provocando "grietas y caídas de tabiques en el interior de las viviendas, caída de cornisas y cascotes de las fachadas e incluso filtraciones de agua que acaban inundando trasteros y garajes".

Por otro lado, el edil popular indicó que desde que se entregaron las viviendas, en el año 2004, surgieron "importantes defectos que ha dado lugar a numerosas reclamaciones por parte de los vecinos a la Junta y en menos de cinco años la situación se ha vuelto realmente alarmante".

En este sentido, argumentó que la Junta de Andalucía "tiene conocimiento de estos problemas desde que recibieron el escrito de los vecinos con fecha del 26 de marzo de 2008", sin embargo, "se ha desentendido completamente del problema señalando que se les han agotado los plazos para reclamar, lo cual no tiene sentido puesto que no han transcurrido ni siquiera diez años desde la construcción del bloque", apostilló Zoido.

De este modo, el portavoz popular insistió en que la vinculación de esta viviendas con la Junta "es clara", y pidió a la administración "que no se lave las manos y haga algo por estos vecinos que no tienen culpa de lo que está ocurriendo".

Además, según comentó, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento han visitado las viviendas y han emitido un informe en el que "exigen a los vecinos la realización de medidas urgentes de seguridad que habrán de iniciarse en el plazo de 30 días naturales, con un coste aproximado de 44.402 euros", una cantidad "muy elevada" para estas familias, la cuales, "además de no ser las responsables de esta situación, son de una posición económica modesta y la mayoría se encuentra en el paro".

Por último, Zoido aclaró que esta semana envió una carta al concejal de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), en la que le pide "que ejecute las medidas urgentes necesarias en la 'Residencia Parque San Antonio' y espere para exigir su cobro a que se resuelva en vía judicial la demanda que tienen planteada los vecinos contra la empresa vendedora de las viviendas".