Los detenidos, todos españoles, y de 43, 44 y 45 años, están acusados de un delito de estafa y otro de falsificación documental. El Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante abrió una investigación por estos hechos, en colaboración con el servicio de fraudes de la compañía telefónica afectada, y determinó que eran siete las empresas a las que se les había facturado el importe de los terminales, y que éste ascendía a un total de más de 70.000 euros.

La compra de los terminales las realizaban siempre vía telefónica, facilitando a la compañía los datos fiscales de las empresas a las que se les debían hacer el cargo, así como un número de teléfono de contacto.

Una vez que la compañía autorizada la venta, la distribución de los paquetes la realizaba una empresa de transportes, consiguiendo mediante engaños que esos paquetes no llegasen a su destino.

Por el modo en que efectuaron los hechos, así como por el volumen de lo defraudado, averiguaron que se podía tratar de un grupo de personas perfectamente organizadas, ya que tenían claramente establecido sus cometidos, encargándose uno de ellos en realizar los pedidos y el otro de recoger mercancía, y la mujer aportaba la infraestructura, aportando los domicilios de entrega. Los detenidos pasaron a disposición judicial de los Juzgados de Alicante, en unión del Atestado instruido.