La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió ayer al Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona que investigue las causas de los desprendimientos en las obras del Metro de la línea 5, que obligaron a desalojar a más de 1.000 vecinos del barrio del Carmel y a derribar varios edificios. De esta manera se reabrirían las diligencias previas que la jueza Elisabeth Castelló abrió el pasado 27 de enero (día en que se originó el socavón) y que posteriormente sobreseyó a la espera de que alguien denunciará los hechos. Por otra parte, fuentes de la Generalitat informaron ayer de que el sellado del túnel de maniobras de la línea 5 de Metro en el Carmel, la redacción de un nuevo proyecto modificado, la perforación de una nueva galería auxiliar y el refuerzo de la seguridad duplicarán aproximadamente el coste de estas obras, presupuestadas en 93,6 millones de euros.