La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió la adecuación a la normativa estatal de todos los puntos de la Ley de Cajas de Galicia en los que el Gobierno central ve indicios de inconstitucionalidad y comparó, para apoyar sus argumentos, los preceptos de la norma gallega con los de otras comunidades cuyos textos no fueron recurridos.

Así, Fernández Currás presentó en rueda de prensa el informe que los servicios jurídicos de la Xunta hicieron tras obtener, del Consejo de Estado, los puntos a los que el Estado pone objeciones y lamentó que el Ejecutivo estatal no haya transmitido directamente al Gobierno autonómico las "razones fundamentales" por que la que la ley gallega, aprobada por PPdeG y BNG, puede ser inconstitucional y no haya accedido a negociar los preceptos conflictivos antes de plantear el recurso ante el Tribunal Constitucional.

"No nos queda más que recordar que la posibilidad de recurrir cuenta con tres meses de plazo desde la aprobación —de la Ley gallega, el pasado 5 de enero—, por lo que el plazo acaba el 5 de abril. Teníamos tiempo suficiente para crear una comisión bilateral antes de que el Gobierno decidiese recurrir", se quejó.

Fernández Currás apeló a la "profesionalidad e independencia" del Consejo de Estado, pues considera que no hay por qué presumir que respaldará todas las reticencias del Gobierno. Respondió así sobre la posibilidad de que el recurso paralice la renovación en las cajas y señaló que únicamente los puntos recurridos quedarán en suspenso.

En cualquier caso, una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova podría darse, pues la decisión corresponde a los órganos de gobeirno de las cajas y es "independiente" de este proceso, recordó. Además, explicó que la Xunta decidirá si recurre o no el FROB tras la reunión de la comisión bilateral —el día 16—, aunque aclaró que tal decisión no tiene por qué llevar a una paralización del fondo.

Fernández Currás sostuvo que el objetivo de que ningúna entidad, salvo el Parlamento gallego, tenga más de un representante en los consejos de administración de las cajas es "garantizar los derechos de las entidades de menor tamaño" y evitar que las mayores "acaparen" puestos. Este punto fue "debatido con la Fegamp, teniendo su apoyo", afirmó.

Aseguró que este punto es "plenamente legal" y que Castilla-La Mancha y el País Vasco tienen en sus respectivas legislaciones "una disposición prácticamente idéntica". En cuanto al registro de altos cargos, la conselleira expuso que en la anterior ley tenía carácter informativo y ahora se establece como "constitutivo". "Únicamente adelanta el análisis del Gobierno", defendió la titular de Facenda, que hizo referencia a que Cataluña le da también este carácter, aunque no lo menciona de forma explícita.

Obra social

En cuanto a la necesidad de que la Xunta autorice el presupuesto para obra social, estimó "lógico" que se efectúe esta supervisión, pues el Gobierno gallego ejerce una función de "protectorado". Andalucía, Extremadura y Castilla y León "hacen lo mismo", indicó y explicó que, en el caso concreto de que los presupuestos superen el medio millón de euros en tres años, el objetivo de que la Xunta de su visto bueno es evitar que "se comprometan presupuestos de futuro de otras obras sociales".

Fernández Currás replicó también a las dudas que plantea el Ejecutivo central sobre la elección de las entidades representativas —que tienen un 10% de las asambleas—. El Gobierno español reprocha, según la conselleira, que no respete el principio de proporcionalidad y a ello respondió que este grupo no está considerado "básico" en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), lo que significa que "es potestad de la comunidad" contar o no con esta representación. La proporcionalidad, agregó, se exige "sólo" para los impositores y las corporaciones locales.

Renovación parcial y elección de consejeros

La conselleira de Facenda defendió también que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, la renovación de los órganos de dirección se debe hacer de forma parcial, "sin que tenga que ser por mitades", para justificar que la norma gallega fije que se cambiarán el 75% de los representantes en un plazo de dos meses. "Con esta disposición garantizamos la continuidad en los órganos de gobierno", zanjó.

Se refirió también a la posibilidad que da la LORCA de que se nombre para el consejo de administración a personas cualificadas sin necesidad de que estén presentes en la asamblea general, un precepto también declarado "no básico", argumentó y señaló que la nueva norma gallega exige que entre 15 y 25 consejeros sean personas "cualificadas".

En situaciones de déficit patrimonial, prosiguió, la redacción original hacía mención explícita del FROB, una alusión que se retiró —tras pactarlo los tres grupos—, dado que no compete a la comunidad autorizar que se recurra a este fondo.

Sip y fusión

Por último, la conselleira repitió los argumentos dados ayer para defender la potestad de la Xunta para decidir sobre la participación de las entidades gallegas en un sistema institucional de protección (SIP), pues se trata de una decisión "estratégica que en la práctica es irreversible", lo que la hace "similar a una fusión". La redacción, sostuvo, está "en los mismos términos" que los puntos por los que se rigen Andalucía, Madrid y Castilla y León.

En este último caso —el de una fusión—, continuó, la ley no modifica el artículo específico que establece la mayoría que se debe exigir y ese punto está vigente desde 1996 —pide dos tercios de la asamblea presentes y la mitad más uno de votos a favor—. "Es el debate que nos causa más sorpresa y creemos que es un error", dijo, pues el Gobierno hace referencia a otro artículo de la nueva ley, el 32, en el que figura que la asamblea adopta sus acuerdos por mayoría simple.

Por todo ello, Facenda considera que el Estado "discrimina" a Galicia y Fernández Currás reclamó un trato similar al que el Gobierno recibió de la Xunta en el caso del FROB, en el que la comunidad optó por negociar en una comisión bilateral antes de recurrir. Respecto a si se planteará el contencioso, lo subordinó a "lo que resulte de ese encuentro", previsto para el 16 de febrero.