El secretario nacional de la CIG-Administración Autonómica, Manuel Gallardo Canitrot, denunció hoy la "cesión ilegal" de más de 60 trabajadores por parte de la empresa Plexus S.L. a oficinas de la Xunta de toda Galicia y alertó de que están tramitando "datos sensibles" vinculados con la Ley de Dependencia.

Así se pronunció en una rueda de prensa celebrada en Santiago, en la que compareció acompañado por responsable comarcal de la CIG autonómica en Ourense, Alfonso Diz, y de Rodolfo Docampo, miembro del comité intercentros del personal laboral de la Xunta, y en la que exigió a la Xunta que "rompa de inmediato" el contrato —del que no hay constancia "pública"— y que habilite personal por los cauces reglamentarios, en relación a las listas de contratación y al concurso-oposición.

Gallardo reprobó el "oscurantismo máximo" que envuelve la contratación de estos 60 trabajadores y admitió que han tenido constancia de sus funciones a través "de una labor detectivesca" en la visita directa a los centros puesto que "no hay ninguna publicación" en el Diario Oficial de Galicia (DOG) sobre su proceso de contratación ni figura en la web de la Consellería de Traballo e Benestar, "en contra de la Ley de Transparencia".

En la línea, Rodolfo Docampo explicó que la cesión ilegal de los trabajadores es "evidente" ya que Plexus "no es una empresa de trabajo temporal" y, pese a ello, estos empleados desempeñan su función bajo órdenes de funcionarios de la Xunta y tienen acceso a información sensible sobre eventuales beneficiarios de la Ley de Dependencia. "Estamos abocados a presentar una denuncia ante Protección de Datos", avisó.

En el caso concreto de la oficina de Vigo, Docampo explicó que en Vigo ya se formalizó una denuncia ante Inspección de Trabajo, que acudió para comprobar la situación de 15 trabajadores que, según la CIG, desempeñan "labor de funcionarios" pese a no contar con formación previa.

"puerta de atrás"

Así las cosas, tanto Gallardo como Docampo, advirtieron de que la actuación de Traballo e Benestar podría desencadenar una denuncia por parte de estos trabajadores y que un juez fallase a su favor designándoles "personal indefinido" de la Administración autonómica, como ya ocurrió en el caso "de 1.000 trabajadores" que entraron a trabajar a través de asistencias técnicas. "Es inasumible e inaceptable", coincidieron.

Alfonso Diz fue un paso más allá y subrayó que, además de ir contra la "transparencia" defendida por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, esta forma de contratación da "un puñetazo en la cara a la austeridad". "Pagar las nóminas y la plusvalía de una empresa, ¿dónde está la austeridad?", se preguntó.

En su intervención, Manuel Gallardo denunció la intención de los dirigentes de la Xunta de mantener "redes clientelares" para beneficiar a sus "amigos", pese al compromiso del actual Gobierno de "acabar con los chiringuitos", y rechazó permanecer "impasible" ante este intento de "meter por la puerta de atrás" a personas en la Administración autonómica.

Empresa vinculada al pp

A mayores, insistió en los "vínculos" de esta firma con el PP y, en concreto, con el ex conselleiro de Cultura en el último Gobierno de Manuel Fraga, Xesús Pérez Varela. De hecho, apuntó que esta firma tiene como apoderado a Antonio Agrasar Cascallar, asesor de la Xunta y de la TVG en tiempos de Fraga. Junto a él, también fue directivo de Plexus Xosé María Sánchez González, ex secretario xeral de Cultura con Pérez Varela.

También recordó que una de las más recientes adjudicaciones de Plexus fue la página web del Xacobeo 2010. "Curiosamente cumplía con los requisitos del pliego antes de la adjudicación e incluso se procedió a la apertura de las ofertas económicas sin presencia de otras empresas candidatas", denunció.