El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, apuntó hoy como asignaturas pendientes la creación de juzgados, "sobrecargados" ante la actual crisis económica; la interconexión informática de estos órganos, puesto que es "una entelequia"; y paliar la "extrema interinidad" tanto de jueces como de secretarios judiciales. El objeto es "agilizar los procedimientos y reducir la litigiosidad".

Así lo indicó Viguer en una rueda de prensa donde hizo un balance de los datos estadísticos de la actividad desarrollada por los órganos judiciales de la ciudad de Valencia en 2009. En este ámbito criticó que a pesar de llevar dos años con la crisis económica, "no se han adoptado medidas estructurales ni coyunturales".

Respecto a las medidas estructurales, aludió a la falta de implantación de la Oficina Judicial —aprobada en 2003—; o a la carencia de juzgados "necesarios" por su "histórica y centenaria sobrecarga" desde "hace muchos años". Puso como ejemplo que mientras que el pasado año se crearon tres en Valencia, en 2010 está previsto reducir este número a uno, probablemente el juzgado de Vigiligancia Penitenciaria número 2.

Además, Viguer criticó la interconexión informática entre juzgados, algo que, a su juicio, "es una entelequia". Recordó que hay un programa promovido por el Ministerio de Justicia pero que, a día de hoy, las CCAA "conviven en un maremágnum de sistemas informáticos absolutamente incompatibles entre sí".

Así mismo, lamentó que "tampoco se ha paliado la extremada interinidad, tanto en el ámbito judicial como en el funcionarial". Dijo, como ejemplos, que el 20 por ciento de la plantilla está integrada por jueces sustitutos y, respecto a los funcionarios interinos, el 80 por ciento de la plantilla de los nuevos juzgados "suele estar integrada por ellos".

Respecto a las medidas coyunturales, indicó que, a pesar de la crisis actual, sólo se adoptó una iniciativa en 2009, el establecimiento de jueces de apoyo en lo Social, algo que, según dijo, "ha sido insuficiente porque han sido tres jueces más para 16 juzgados" en Valencia. Así, criticó que "no han habido medidas de apoyo o refuerzo en los juzgados de Primera Instancia o en los de Mercantil", unido a que la litigiosidad es "tremendamente elevada", y se situó en 2008 en 196 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Informe con 70 PROPUESTAS

Ante esta situación, recordó que los jueces valencianos elaboraron un informe con 70 propuestas que presentaron el pasado mes de noviembre en una reunión de decanos celebrada en Pamplona, y que fue "asumido con entusiasmo". Tras ello, el estudio se remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el pleno celebrado por este órgano el día 28 de enero asumió algunas de las propuestas efectuadas.

De esta manera, según comentó Viguer, el Consejo ha propuesto al Ministerio de Justicia reducir la posibilidad de recurso de apelación en el ámbito Civil. "La idea sería suprimir el recurso en los procesos civiles por debajo de una cantidad, que sería 3.000 euros". Así mismo, propuso limitar el recurso de casación, "suprimiendo posibilidad de acceder a él por debajo de los 300.000 euros frente a los 150.000 fijados actualmente".

Junto a ello, el Consejo postuló al Ministerio a ampliar el ámbito del procedimiento abreviado; a limitar el recurso de suplicación en el ámbito laboral, excluyendo materias de carácter técnico y extrajurídico como la impugnación de altas médicas, de grados de incapacidad; o regular una comparecencia al inicio de todas las ejecuciones penales para que las partes puedan analizar y plantear cuestiones sobre pronunciamiento de sentencias.

Además de estas iniciativas, los jueces valencianos incluían en su informe otras alternativas como el fomento de la mediación y del arbitraje; la reintroducción de tasas judiciales en determinados procedimientos; la despenalización de las faltas; generalizar el sistema de imposición de costas por vencimiento, es decir, "quien pierde paga", no solo en Civil, sino también en Contencioso y Penal; agilizar las notificaciones; desjudicializar el procedimiento monitorio; y fomentar la unificación de criterios.

Viguer indicó que a los poderes públicos no les interesa el poder judicial, porque "ni siquiera en época de crisis se han adoptado medidas paliativas". "La situación se agrava cada día, y no es tan complicado, ya que si el presupuesto para Justicia se incrementara anualmente un nueve por ciento, en cuestión de ocho o nueve años se habría duplicado".HUELGA

Preguntado por si esta situación podía provocar otra huelga de jueces, afirmó que le gustaría que no hubieran más, y que las demandas de los jueces "tuvieran una respuesta eficaz". "No me gustaría ser el instigador de movimientos de este tipo, pero estamos muy preocupados por la situación actual, ya que no se destinan los recursos económicos necesarios".

Por otro lado, interpelado por su opinión a cerca de un cambio de la ley con respecto a la justicia gratuita, indicó que es posible que se esté abusando en un porcentaje "importante" de la asistencia jurídica gratuita, pero "es una cuestión que no corresponde valorar a los jueces, ya que hay una comisión que se encarga de analizar los expedientes que lo piden", dijo.

Agregó que "el problema no está en la mayor o menor cuantía de los ingresos del litigante, sino en cómo se investiga su patrimonio y sus recursos económicos. Muchas veces se abusa de este instrumento, que debería estar pensado para personas que carecen de recursos para litigar", lamentó.