"Estamos detectando que los ayuntamientos acudirán masivamente a las obras de menos de 200.000 euros. Han fraccionado el montante económico que les corresponde de tal manera que las obras están entre 30.000 y 200.000 euros. Esto significa que probablemente utilizarán el procedimiento negociado sin publicidad, que es legal, pero que utilizado masivamente y en este sentido, imposibilita que se publiquen los pliegos porque son por invitación expresa", declaró la presidenta.

Así, entendió que éste es un ejercicio peligroso, aunque, en cualquier caso, la AECP intentará controlarlo, ya que advirtió que la tendencia de los ayuntamientos es a la desaparición del entorno público, que la relación se establezca con un número determinado de empresas, entre 3 y 5 compañías. La asociación tachó esta situación de "oscurantismo, arbitrariedad y no querer que se les controle".

"Es de vital importancia que este nuevo Feile se desarrolle adecuadamente. La Asociación ha sido muy crítica con el desarrollo del anterior plan en base a varias cuestiones. Primero porque promovía el fraude desde el punto de vista de las ofertas, es decir, en un momento en el que se incentivaba la creación de nuevo empleo se produjeron ofertas en materia de personal, no sólo imposible de cumplir, sino que superaba en valor económico a lo que se iba a cobrar por el desarrollo de la obra completa", dijo.

Por otro lado, señaló que el hecho de que se primaran "excesivamente los plazos" también fue un error, ya que hoy "el tiempo da la razón a la AECP". Así, comentó que la práctica totalidad de los ayuntamientos han solicitado prórroga porque las obras no se han terminado y los plazos se han incumplido. "Esto significa —añadió— que un criterio que sirvió para adjudicar, como el plazo o el personal, no eran justificables para la adjudicación de esas obras".

Además, criticó que los Ayuntamientos no han controlado el cumplimiento de las ofertas, mientras recordó que desde agosto de 2009, la AECP se ha dirigido al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Las Palmas y a las mancomunidades para que les dijeran qué medios tenían para el control de las ofertas, contestando sólo el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana.

"fraude de ley"

La presidenta hizo especial hincapié en que la Asociación no recurrió las obras del anterior plan "por sentido de la responsabilidad". "Pero desde nuestro punto de vista, la práctica totalidad de esas obras se adjudicaron en Fraude de Ley, por cuanto los criterios subjetivos superaban a los objetivos, y la Ley dice que en esos casos no se pueden adjudicar las obras por quien las licita", apuntó.

En este sentido, explicó que no se recurrieron las obras para que "al menos" las empresas tuvieran actividad y las familias tuviera empleo, pero aseguró que esto no va a pasar en el desarrollo del actual plan. "Y no va a pasar —continuó— porque esta asociación se ha dirigido sistemáticamente a todos los municipios en este sentido".

Respecto a los criterios que exige la AECP, manifestó que en primer lugar la inversión se debería dirigir a obras y servicios productivos, que se tiene que definir con claridad el precio máximo a abonar en concepto de publicidad y no exigir una garantía provisional.

Con carácter específico, abogaron por el fomento y mantenimiento del empleo en un 20 por ciento como criterio objetivo, cuantificable mediante jornadas laborales de 40 horas, considerando así como criterio objetivo las mismas y desarrollando una fórmula adecuada de ponderación.

También consideraron adecuado las mejoras ofertadas un 40 por ciento como criterio objetivo, que sean valorables respecto de aquellos aspectos y unidades contemplados en el proyecto y que queden perfectamente definidos en el pliego.

La AECP apostó, asimismo, por un programa de trabajo y compromisos de ejecución, por que no se considere el precio, "puesto que valorar bajas significa perder capacidad financiera", y por que el plazo sea un criterio subjetivo.