El grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición no de ley para su debate en el pleno del Parlamento aragonés en la que solicita que el Gobierno central realice pronunciamientos explícitos en apoyo a la Travesía Central por el Pirineo (TCP) como proyecto prioritario de España.

Concretamente, la iniciativa pide que los máximos representantes políticos e institucionales del Ejecutivo central expliciten en las reuniones y foros internacionales sobre transporte transpirenaico, en especial, con la Presidencia española de la Unión Europea, que la TCP es un proyecto prioritario para España como eje de desarrollo económico y cohesión territorial.

La iniciativa precisa que la TCP es "esencial" para "equilibrar" las comunicaciones sostenibles a través de la cordillera pirenaica y su financiación y ejecución debe anteceder a los proyectos que actualmente no están incluidos en la lista de prioridades de la Red Europea de Transporte.

La proposición no de ley también reclama que el Ejecutivo central incluya la TCP en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte de España y que requiera del Gobierno central la celebración en Zaragoza de una cumbre bilateral con el Gobierno francés para tratar en exclusiva de los proyectos transfronterizos del Pirineo central.

En ella, señala el texto, se debería abordar el adelanto de plazos en la planificación y ejecución de la TCP y que se recupere la catalogación de la línea ferroviaria del Canfranc como proyecto de interés internacional.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, expresó en rueda de prensa su "preocupación" por el "cambio de rumbo" del Gobierno central respecto a la TCP, a la que el ministro de Fomento, José Blanco, ha dado una "puñalada", al mismo tiempo que "ha puesto toda la carne en el asador apostando por el corredor mediterráneo para derivar por él todas las mercancías del sur y del Levante español".

El diputado 'popular' aseguró que existe toda una "estrategia" del Gobierno central para incluir el corredor mediterráneo en la Red Europea de Transporte, en la que ya está la TCP. Suárez precisó que el PP "no tiene ningún problema en que figure el corredor mediterráneo" en esa red, pero estimó que "es necesario que el Gobierno central explicite que los que ya están tengan la prioridad en la financiación y ejecución sobre los que no están".

El proyecto más importante

El parlamentario recalcó que la TCP es el "proyecto más importante en materia de comunicaciones de Aragón" y reclamó al presidente del Ejecutivo central, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que cumpla el compromiso electoral que formuló en Zaragoza de que "no iba a parar hasta que consiguiera la conexión por el Pirineo".

Además, lamentó el "silencio e inacción" del Gobierno Aragón, "que no reclama" para la Comunidad autónoma el que debe ser "objetivo más importante para los próximos años", e incluso "justifica" las palabras del Ejecutivo central y asegura que tiene interés en la TCP, cuando, en realidad, "sólo tienen palabras y cada vez más suaves".

Plan de carreteras

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón anunció, por otra parte, que van a solicitar la comparecencia del presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, para que informe sobre el plan de carreteras después de que Heraldo de Aragón informara hoy de que el Gobierno aragonés sacará a concurso este mes el plan, denominado Proyecto Red, con el objetivo de iniciar las obras en verano.

Suárez recordó que hace aproximadamente mes y medio formuló una pregunta a Iglesias sobre este plan en el pleno de las Cortes en la que el máximo responsable del Ejecutivo aragonés aseguró que "se estaba haciendo y se preguntó por qué iba a tener problemas ese plan".

El diputado criticó que Iglesias "falte a la verdad en el Parlamento y engañe a los aragoneses y a los diputados" ya que el plan de carreteras de Aragón, cuyo coste se eleva a los 650 millones de euros, "sigue sin tener la autorización" del Gobierno central y de la Unión Europea y sin ella "no puede ejecutarse".

Esta falta de autorización responde, según comentó Suárez, a que el Gobierno aragonés ha agotado su capacidad de endeudamiento puesto que los "gastos comprometidos" por la Comunidad autónoma asciende a los 7.000 millones de euros, subrayó.

Según la información de Heraldo, el Gobierno de Aragón remitió a la semana pasada toda la documentación del Proyecto Red al Ministerio de Economía y Hacienda, que debe decidir ahora si el Proyecto Red computa como deuda de la Administración autonómica.

El Gobierno de Aragón aboga porque no se compute como deuda y por que el plan se realicen mediante un programa concesional en el que las empresas concesionarias acometerían las obras en cuatro años y se encargarían de su conservación durante 25 años.