El debate está servido. El Gobierno lo sabe y este lunes se mostró partidario de discutir y de "matizar" su polémico plan de jubilaciones, que se divide en dos capítulos básicos: retrasar la edad del retiro de 65 a 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones (ahora el mínimo para cobrar una pensión es haber trabajado 15 años).

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, respaldó el lunes la idea de establecer excepciones según las profesiones. No es lo mismo el encofrador que está en la obra que el trabajo de investigador. Desde la cartera de Trabajo, Celestino Corbacho defendió la "valentía" del Gobierno al realizar una propuesta "impopular", sobre todo si se tiene en cuenta que hasta 2023 no se prevén problemas para la Seguridad Social. "No entraría en vigor hasta dentro de tres o cuatro años", matizó.

El razonamiento del Ejecutivo parece, a priori, lógico. Ahora se trabaja una media de 37 años y se vive retirado unos 18. Es decir, el Estado debe pagar las pensiones más tiempo mientras que la proporción entre activos y jubilados se va reduciendo. Hasta ahí parece razonable que todos deban hacer un esfuerzo mayor para mantener el buen estado de las arcas públicas.

Sin embargo, en esta reforma que se plantea, el Gobierno ha olvidado a la clase política, que se seguirá midiendo por una vara distinta.

11 años para 2.460 euros

Mientras que los españoles deben cotizar al menos 15 años para poder cobrar una pensión, diputados y senadores sólo necesitan siete en el cargo para percibir el 80% de la pensión máxima. Y con que trabajen 11 años en el Congreso o en el Senado la pensión que cobran es la máxima (que hoy es de 2.460 1 al mes). No está nada mal teniendo en cuenta que el resto de ciudadanos necesitan 35 años de cotización (los 15 últimos cotizando al máximo) para poder disfrutar de esa pensión. Además, las Cortes pagan la cotización de todos aquellos ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral.

Los ex miembros del Gobierno (ex ministros y ex secretarios de Estado) también tienen ciertas prebendas. Todo aquel que deja su cargo tiene derecho al 80% de su salario durante dos años. Es más, pueden percibir esa indemnización aunque cobren otro sueldo público.

Y aunque para el resto de españoles está vetado tener dos pensiones públicas, para los políticos no. Los hay que cobran pensiones aquí y también por su pasado en el Parlamento Europeo, como Pedro Solbes.

Rechazo de sindicatos e izquierda

Todos los partidos de izquierda y nacionalistas -CiU, PNV, ERC e IU– y los sindicatos mayoritarios –UGT y CC OO– han expresado ya su rechazo frontal a lo que ya se ha definido como el pensionazo.

Los sindicatos hablan de movilizaciones si el Gobierno no entra en razón. De Cospedal, portavoz del PP, se mostró el lunes más abierta al debate. "Se puede hablar de la ampliación voluntaria e incentivada de la jubilación, pero junto a una reforma laboral".

Las pensiones en España

¿Cuántos tipos hay? En España hay, para todos los que hayan trabajado más de 15 años, tres tipos de pensiones contributivas: las de jubilación (ordinaria, anticipada, parcial, flexible y especial a los 64 años), las de incapacidad permanente (total, absoluta y gran invalidez) y las de fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares).

¿Por qué importan los años cotizados? Porque son la clave para saber cuánto se cobra: con 15 años cotizados se cobra el mínimo (50% de la base reguladora) y con 35 el máximo (el 100%).

3 ¿Cómo se calcula la base reguladora? Se toma la cifra de lo que se ha cobrado en los últimos 15 años (actualizándola con el IPC), que se supone que son los de mejor salario. Se divide esa cifra (180 meses) entre 210 [15 años x (12 meses + 2 extras)]. El resultado es la base reguladora.

4 ¿Cuál es la edad de jubilación? Por norma general, la jubilación se efectúa a los 65 años.

5 ¿Hay excepciones? Se puede adelantar a los 61 (a los 60 para los que empezaron a cotizar antes de 1967), perdiendo en la pensión un 8% por cada año de anticipo. La jubilación especial a los 64 años, en la que la empresa contrata a un parado, no acarrea ese perjuicio. También se puede seguir trabajando después de los 65 y sumar un 2% a la pensión por cada año extra.