"No existe ninguna necesidad de ironizar sobre la formulación, tramitación y aprobación de un Plan General de Ordenación. Podemos lamentar su complejidad, pese a que cualquiera que presuma saber algo del tema debería ser consciente de la inevitabilidad de la misma, ya que se trata de una materia sumamente complicada, derivada a su vez de un marco legislativo también complejo, pues así lo exige la ordenación territorial y urbanística de un territorio con los condicionantes geomorfológicos y sociales de Canarias. No es un tema para tomárselo a la ligera". Así de rotundo se expresó el director General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jesús Romero, ante las declaraciones del alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, sobre el proceso de redacción del PGO del municipio tinerfeño.

El responsable de Urbanismo aclaró en un comunicado que el documento del Plan General de Vilaflor está todavía en sede municipal, y aún no se ha tratado en la COTMAC, con la excepción de acordar la inserción de la evaluación ambiental, en aplicación de la Ley 9/2006, que se aprueba en medio de la tramitación del Plan y obliga necesariamente a su consideración en la redacción del mismo.

Desde esta Consejería se informó además de que lo que sí ha tenido lugar son tres Comisiones de Seguimiento para ir conociendo y analizando el documento del Plan a lo largo de su redacción. Estas comisiones de seguimiento están presididas por el director General de Urbanismo, junto a sus técnicos y juristas, a los que se une el Cabildo Insular, representantes de los departamentos de Infraestructuras Viarias y Turismo del Gobierno, y en los casos necesarios, el Consejo Insular de Aguas, y, por supuesto, el equipo redactor del plan y el equipo municipal del ayuntamiento en cuestión —tanto técnico como jurídico y político—.

Sin intromisiones

En tales comisiones se analizan exclusivamente las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la legalidad, pues esa es la función de control última de la COTMAC, nunca habiendo intromisión alguna en las cuestiones de oportunidad municipal que desde su discrecionalidad y competencias puedan abordar. Por tanto el criterio de la DGU y de la COTMAC es invariable, y no es otro que el derivado del obligado cumplimiento del marco jurídico normativo, es decir, el control de la legalidad.

Desde la Dirección General se puntualizó que en el caso concreto de Vilaflor que, tras la aprobación inicial y la correspondiente información pública, aborda otra nueva fase de aprobación, siendo ese el documento actualmente en fase de análisis, en líneas generales no cumple la legalidad debido a una extensa delimitación de los asentamientos rurales en suelo rustico, pretendiendo una carga residencial excesiva sobre el rústico, claramente contrarias a lo establecido en las Directrices. Asimismo, queda fuera del marco normativo también en cuanto a las clasificaciones y categorizaciones de determinadas bolsa de suelo urbano.

Lejos del modelo

En suma, añadió Romero, "nos encontramos con un Plan que, ya por las directrices marcadas por la corporación municipal o bien por decisiones de ordenación del equipo redactor, se alejan del modelo que se pretende en Canarias y que se regula a través de la legislación y se controla desde la COTMAC".

"Esa desesperanza que manifiesta sentir el alcalde, es compartida por este director General, comenta el titular de Urbanismo, pero causada al no poder lograr transmitir a determinados municipios que es posible cumplir la legalidad sin comprometer la prosperidad de los municipios", dijo.

En cuanto a la financiación de la redacción del PGO de Vilaflor, hay que aclarar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, a través de la Dirección General de Urbanismo, financia el 85 por ciento del importe del mismo, mientras que el Ayuntamiento aporta el 15 por ciento restante. Concretamente, hasta la fecha el Gobierno de Canarias ha invertido en esta cuestión la cantidad de 205.839 euros.

Jesús Romero concluyó tajante, que "si el Ayuntamiento estima, como manifiesta, que tiene claro no gastar ni un euro más en el Plan, este Gobierno por su parte tiene muy claro que los ciudadanos de Vilaflor y el municipio necesitan su Plan General de Ordenación, y por tanto seguirá apoyando la financiación del mismo, y en su caso, y si así fuera necesario, no tendrá reparo en aplicar la Ley de Medidas Urgentes para asumir la redacción un Plan General Supletorio".