La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, anunció hoy que el Gobierno central presentará un recurso de competencias ante el Tribunal Supremo (TS) por las actuaciones previstas en El Cabanyal-Canyamelar y después de que la Generalitat aprobara un Decreto-Ley, ratificado por las Corts Valencianes, que avala el desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio valenciano y garantiza la protección de la zona considerada Bien de Interés Cultural (BIC).

Alborch realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció junto al concejal del PSPV Vicente González Móstoles para presentar la moción que esta formación presentará mañana en el pleno del Ayuntamiento de Valencia para pedir, entre otras cosas, la "derogación inmediata" del Decreto del Consell, aprobado el pasado 7 de enero. El Gobierno valenciano adoptó esta medida después de que el Ministerio de Cultura, a instancias del TS, emitiera una orden que considera que el PEPRI supone expolio y ordena su paralización.

Igualmente, avanzó que el grupo municipal socialista "está estudiando plantear un recurso" contra el auto del titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Valencia, conocido la pasada semana, que acuerda levantar la suspensión cautelar de las cuatro licencias para derribar seis inmuebles en El Cabanyal-Canyamelar al considerar que éstos se encuentran ubicados fuera de la zona declarada BIC y del conjunto histórico protegido. Esta resolución judicial desestimó la solicitud del PSPV de paralizar esas demoliciones.

Carmen Alborch explicó que la próxima semana, lunes o martes, su grupo podría ofrecer "información más detallada" sobre este recurso que se presentará porque los socialistas creen que "el juez no ha tenido en cuenta la declaración de expolio". González Móstoles estimó que está "realmente en vigor" y que el decreto del Consell es "una pataleta y una rabieta".

Preguntada por la validez y vigencia de estas dos decisiones, la orden ministerial y el decreto-ley autonómico, y por cuál prevalece, Alborch comentó que "seguramente, el Gobierno de España, pronto, porque hay una serie de trámites, a través del Consejo de Ministros, planteará un recurso de competencias —entre administración autonómica y central— ante el Tribunal Supremo". Destacó, a este respecto, que "el Consejo de Estado ya está trabajando en el asunto del recurso".

La responsable socialista señaló, sobre la orden del Ministerio de Cultura, que según la Constitución este departamento del Ejecutivo central tiene "competencia exclusiva en caso de expolio". Tras ello, apuntó, que "por tanto, el decreto de la Generalitat", que calificó de "decretazo", "no está al mismo nivel". Estimó que esta medida autonómica es "un instrumento para consumar el expolio que ha declarado el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo" y dijo que ante él "hay una orden superior".

Asimismo, consideró que respecto a El Cabanyal-Canyamelar "hay un conflicto también de valores" que contrapone "la defensa de la protección y la rehabilitación de Valencia", representada por el PSPV, dijo, con "la opción vinculada a la destrucción", en su opinión, representada por el PP, al frente del equipo de gobierno del consistorio valenciano. "REHABILITACIÓN"

Carmen Alborch aseguró que la propuesta socialista para El Cabanyal-Canyamelar es "la rehabilitación" y sostuvo que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "no puede estar ajena a la rehabilitación de este barrio". Indicó que tras 18 años de gobierno del PP en la ciudad de Valencia esta zona de la capital está "igual" y censuró la "degradación" existente que, según dijo, "se podría haber impedido con medidas del Ayuntamiento y de la Generalitat".

Consideró también que la primera edil "podría haber escuchado a Salvem El Cabanyal-Canyamelar —la plataforma vecinal que se opone al PEPRI y a la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este barrio— porque es una parte importante del vecindario", dijo. La edil aseveró que la moción que el PSPV planteará en el pleno de mañana "es también una invitación a que el Ayuntamiento de Valencia tenga un gesto constructivo y rehabilitador, no destructor y de abandono".

La portavoz del PSPV expuso, en esta línea, que la política patrimonial de Barberá es "demoledora, con órdenes de derribo", lo que lleva a "problemas de degradación y de degeneración del barrio". Frente a ello, aseveró que la voluntad de los socialistas es "que todos los que viven en El Cabanyal y en el resto de la ciudad gocen de la máxima calidad de vida".

La moción que el PSPV presentará mañana en la sesión plenaria, que será defendida por González Móstoles, insta al Ayuntamiento de Valencia a dirigirse al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "para que en cumplimiento de la orden ministerial ejerza sus competencias patrimoniales para evitar la expoliación" en El Cabanyal-Canyamelar y "oriente sus inversiones a la rehabilitación del conjunto histórico protegido".

Para ello, el grupo municipal socialista propone en este escrito la "derogación inmediata del Decreto-Ley" del Consell y la "modificación de la partida de 45 millones de euros de inversión del Plan de Inversión Productiva destinados a expropiaciones para el derribo de edificios a la rehabilitación de viviendas y construcción de equipamientos públicos" en este barrio.

Asimismo, se pide "la creación, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y la participación de los vecinos de una Oficina Riva —en lugar de la de Cabanyal 2010 que, según el PSPV, no actúa como una Riva— que permita la revitalización urgente del barrio y cumpla los objetivos del convenio de financiación firmado con el Ministerio de Vivienda en 2007 y que permite la rehabilitación de 800 viviendas".

Por otro lado, respecto a si el grupo municipal socialista asistirá el próximo domingo a la manifestación contra el PEPRI de El Cabanyal, Alborch aseguró que los socialistas estarán allí, "una vez más, al lado de los vecinos y vecinas", que serán los "protagonistas" de esa movilización. Se mostró a favor de la defensa del patrimonio valenciano, de conservar la trama urbana de esta zona de la ciudad y de los "legítimos intereses de quienes quieren vivir allí, con calidad de vida y sin degradación".