El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, manifestó hoy en Pamplona que la capacidad de coordinación de las comunidades autónomas en materia de Justicia es un "ejemplo" y resaltó el esfuerzo que realizan para tratar de obtener soluciones comunes y ofrecer un servicio público del siglo XXI.

Caballero abrió esta mañana en el Archivo General la reunión de las once comunidades autónomas con competencias en Justicia, que se prolongará hasta mañana, un encuentro que tiene como objeto poner en común y adoptar criterios homogóneos ante la implantación de la nueva oficina judicial o la previsible reforma de la Ley de Justicia Gratuita.

Integran esta comisión de coordinación, además de Navarra, las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. Se celebra en la Comunidad foral a propuesta del consejero Caballero, quien así lo planteó en la reunión que tuvo lugar hace un año en Barcelona.

Según expuso el vicepresidente primero, estos encuentros "se vienen manteniendo desde hace años en una idea de que la coordinación de las comunidades es fundamental dentro de un sistema nacional de Justicia en el que las comunidades autónomas tenemos un papel muy importante porque somos los responsables de la dotación de medios personales y materiales". Según apuntó, se trata de trasladar al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, "una voz común".

Caballero destacó que, a pesar de que se reúnen responsables de "distintos colores políticos", se detectan problemas comunes, a los que se trata de encontrar también posturas comunes. "El año pasado en Barcelona se alcanzó un manifiesto que ha tenido importancia a la hora del impulso de la modernización de nuestro sistema judicial", dijo, para señalar que en Navarra espera que se dé un nuevo impulso que "repercuta en un mejor servicio a los ciudadanos".

Según apuntó, los problemas que sufren las comunidades autónomas son comunes como el desarrollo de la nueva oficina judicial, la gestión de personal, el desarrollo servicios tecnológicos o el camino hacia el expediente judicial electrónico. Añadió que "no necesariamente la respuesta tiene que ser la misma, cada uno la tenemos que amoldarla a su realidad pero se trata de que al final formamos parte de un sistema de carácter general y por tanto es fundamental que las respuestas estén coordinadas".

"Lo cierto es que los cambios en marcha y los que se avecinan, pueden hacer, si acertamos, que nuestro vetusto y obsoleto sistema judicial se convierta en un auténtico servicio público del siglo XXI", afirmó para subrayar que la Administración de Justicia se encuentra en un "momento histórico".

Oficina judicial y nuevas tecnologias

Para abordar los asuntos se han organizado dos grupos de trabajo específicos. En uno de ellos, sobre 'reforma de la Justicia', se analiza la implantación de la nueva oficina judicial y las competencias en materia de personal. En mayo entran en vigor las leyes básicas que establecen un nuevo reparto de competencias entre los jueces y secretarios judiciales, leyes que dejan margen a las CCAA para el diseño de la organización.

La oficina judicial es el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez. Hasta ahora, los juzgados estaban integrados por un juez, un secretario y personal de apoyo. La nueva oficina abandona este modelo piramidal y avanza hacia una distribución horizontal, por materias.

Al frente se situará el secretario judicial - liberará parte del trabajo de los jueces, para que estos se dediquen sólo a juzgar y a ejecutar lo juzgado-. Por su parte, los jueces contarán con unidades de apoyo y se crearán servicios comunes para todos ellos (servicio de notificaciones, de registro, estadística, caja judicial, subastas, conciliaciones, averiguación de datos personales y patrimoniales, etc).

Un segundo grupo de trabajo aborda la situación de la asistencia jurídica gratuita y las necesarias modificaciones de la ley que la rige, que es de 1996 y va a ser objeto de modificación para su actualización a la realidad presente.

En palabras del consejero Caballero, es preciso introducir determinadas reformas "que hagan sostenible el sistema, sin olvidar en ningún caso que la Justicia Gratuita es esencial en un Estado social y democrático de Derecho para garantizar la tutela judicial efectiva a todos los españoles y, por tanto, en condiciones de igualdad para los mas desfavorecidos".

Las CCAA, encargadas de la aplicación de este derecho constitucional por el que se garantiza el acceso de todas las personas a la defensa de sus derechos jurídicos, analizan la necesidad de avanzar en la implantación de nuevas tecnologías que faciliten la gestión de los expedientes; establecer la obligación de que las personas físicas cumplan el requisito de insuficiencia de recursos para poder ser beneficiarios del servicio público, o aplicar estándares de calidad para todos los servicios de orientación jurídica subvencionados, en todo o en parte, con fondos públicos.

El programa también incluye la celebración de una sesión de trabajo en la sociedad pública Trabajos Catastrales de Navarra S.A. (Tracasa), que ha desarrollado la herramienta informática de gestión de expedientes judiciales que se emplea en la Comunidad Foral, denominada Dictumtc. Cabe recordar que, tras recibir en 1999 las competencias de Justicia, Canarias cedió a Navarra un programa de gestión procesal, si bien la Comunidad Foral ha desarrollado uno propio que después ha cedido a Cantabria.