La convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social destinadas a ayudas para proyectos de empleo social protegido para el año 2010 a desarrollar en la Comunidad foral, según informó el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Mediante la concesión de estas subvenciones se financiará la realización de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por entidades locales o entidades de iniciativa social que impliquen la contratación temporal de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, miembros de Unidades Perceptoras de Renta Básica, y que tengan como objeto facilitar a estas personas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral.

Las entidades solicitantes no podrán presentar más de un proyecto de empleo social protegido. Las entidades locales que hayan presentado un proyecto de forma individual no podrán presentar otro de forma mancomunada con otras entidades locales.

Los proyectos tendrán una duración definida, entre 6 y 12 meses, y deben ser ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. Las personas trabajadoras podrán incorporarse a los proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción socio-laboral.

Los contratos de trabajo tendrán carácter temporal, con una duración máxima de doce meses, bajo cualquiera de las modalidades de contratación temporal permitida por la legislación vigente. En el establecimiento de la duración para cada persona trabajadora se tenderá a que el contrato posibilite la adquisición de los hábitos y la cualificación necesaria para mejorar su empleabilidad futura.

La duración de la jornada podrá ser variable para adaptarse a las distintas necesidades de los trabajadores, desde un mínimo de tres horas hasta la jornada completa. Dentro del tiempo de trabajo se incluye el dedicado al desarrollo de todas las actividades contempladas en el proyecto.

Los trabajos a desarrollar buscarán la rentabilidad en términos de mejora de empleabilidad de las personas trabajadoras, por lo que las actividades se orientarán a cualificar a éstos hacia los yacimientos de empleo detectados en las respectivas zonas de actuación. Se prestará especial atención al diseño de acciones que mejoren las posibilidades de empleo de las mujeres.

Las actividades formativas irán encaminadas a la adquisición de conocimientos y habilidades para la realización de los trabajos objeto de la contratación; la adecuación del nivel formativo o las competencias profesionales a las exigencias del mercado laboral, o la adquisición de los elementos necesarios para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y participación social. Las actividades formativas podrán alcanzar hasta un 15 por ciento del tiempo total del contrato.

Las entidades de iniciativa social deberán presentar proyectos que por su contenido y características no sean asumibles desde las entidades locales, y no podrán superar la cuantía solicitada por proyecto la cantidad de 60.000 euros.

Las entidades promotoras deberán presentar sus solicitudes, firmada por el representante legal de la entidad interesada, en el plazo de 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria.