Dimas Martín ha manifestado, a través de una carta remitida hoy a los medios de comunicación, que las imputaciones que le efectúa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Unión' "se basan sólo en su imaginación". El líder del PIL asegura además que no ejercía de "intermediario o negociador" a favor del empresario turístico Juan Francisco Rosa, propietario de dos hoteles ilegales, el Princesa Yaiza y el Son Bou, e imputado también en este caso, aunque se desconoce por qué motivo.

Martín, imputado por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, señaló que su amistad con el empresario "viene desde al menos, 40 años". "Cuando él aún no era lo que es y yo lo que fui", afirmó. Al fundador del PIL le ha "sorprendido" que se haya vuelto "a airear, una vez más, algo ya conocido y publicado en los últimos años", como es que se encontraba "dado de alta en una de sus empresas" para conseguir el tercer grado penitenciario.

"Siempre que me ha sido necesario en el ámbito privado he podido contar con su inestimable ayuda, sin que jamás me haya pedido nada a cambio", señaló Martín en su misiva, en la que consideró que ésa era la "razón" de su "duradera amistad y respeto mutuo". Según uno de los atestados policiales de la investigación, Rosa intercedió ante Dimas Martín para que éste "le ayudase a solucionar todos los problemas que tiene en Yaiza con los hoteles ilegales y con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

En el atestado se añadió además que el empresario le dijo "que debe imponerse con su hijo Fabián Martín, vicepresidente del Cabido de Lanzarote, y decirle: "Fabián, se acabó esto ya, ¿me entiendes?, no puede ser ¿Me entiendes?". Para Martín, "lo único verdadero que se puede extraer" de esa conversación "es la preocupación" que le transmite Rosa "por la situación social, económica y de infraestructuras de la isla, algo de lo que ya habían hablado en un desayuno anterior.

"Si desayunar, reunirse o hablar con un empresario, ciudadano o amigo, independientemente de la actividad a la que se dedique, supone automáticamente estar envuelto en negocios ilícitos, será mejor que se ponga un control policial para que todos los ciudadanos pasemos a recoger un salvoconducto", sostuvo Martín.

En su carta, Martín retó a las fuerzas de seguridad del Estado "a que aporten aunque sea una sola prueba de una sola gestión que haya realizado en alguna institución local, insular o autonómica a favor de Juan Francisco Rosa o de algunos de sus socios en defensa de sus intereses urbanísticos".

Hoteles ilegales

El líder del PIL recordó que fue en su etapa de presidente del Cabildo, entre junio de 2003 y enero de 2004 cuando se interpusieron un buen número de recursos contencioso administrativos contra la concesión de las licencias ilegales "de los famosos hoteles de Playa Blanca". Asimismo, indicó que esos pleitos han sido "explotados" por algunos miembros del PSOE.

Por otro lado, Martín afirmó que participó en calidad de asesor en la reunión mantenida entre la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña; su hijo Fabián Martín, vicepresidente del Cabildo; y Jorge Coderch, redactor del Plan General del municipio sureño. "En ella —añadió— se trató generalidades que nada tenían que ver con temas de intereses privados, como de tan mala fe ha insinuado la UCO".

En la carta, fechada el 10 de enero en Tenerife, donde cumple la condena del complejo Agroindustrial, Martín criticó que tras la espectacularidad de la Operación Unión, no se hayan hecho acusaciones contra él "basadas en pruebas reales y no en suposiciones o especulaciones".