Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Centro Histórico, la Asociación de Vecinos Centro Sur, Cívilis y otras entidades empresariales, fue remitido hace unos meses al Ayuntamiento, por lo que quieren que se produzca ya un pronunciamiento de De la Torre. De hecho, confían en que esa reunión no tenga lugar más allá del mes de febrero, según indicó a Europa Press la presidenta de Apoma, Ana María López.

El documento, elaborado por el abogado José Manuel Cabra de Luna, recoge las experiencias de otras ciudades, como Granada, donde el pasado mes de noviembre entró en vigor la Ordenanza de la Convivencia, que contempla una sanción por el ejercicio de la prostitución en la vía pública de 3.000 euros. De igual modo, Sevilla fija multas de 1.500 euros por requerir estos servicios y hasta de 3.000 euros para aquellos que mantengan relaciones sexuales en la calle.

La también responsable de la Entidad Urbanística del Guadalhorce —el polígono de la ciudad más afectado por este problema, aunque, como precisó, "al final salpica a todos"— señaló que "damos una propuesta para eliminar los aspectos negativos derivados de la práctica de la prostitución en la calle, pero estas medidas deben enmarcarse en algo más general".

Se plantean 14 actuaciones concretas, tales como que la prostitución no se ejerza a menos de 200 metros de donde se ubique un colegio, viviendas o centros públicos o de negocios, según expuso la representante de Apoma.

Repercusión negativa en negocios

Asimismo, aclaró que "no tenemos nada en contra de las prostitutas, pero la práctica en la calle repercute negativamente en nuestros negocios, de los que, precisamente, vivimos". Consideró, además, que la prohibición de la prostitución en la vía pública, concentrando la práctica de esta actividad en los locales, "favorecería a estas mujeres porque podrían tener mayores condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad".

En el caso del polígono Guadalhorce, el aumento de la práctica de la prostitución ocasiona, según López, mayores problemas, lo que afecta a sus negocios, sobre todo a bares y restaurantes, que, aparte del servicio prestado de lunes a viernes a los propios trabajadores de la zona industrial, contaban antes también con otra fuente importante de ingresos, que era la organización de convites con ocasión de bodas, bautizos y primeras comuniones.

Sin embargo, "ahora su negocio por esta actividad es cero, debido a la presencia cada vez más de la prostitución", que, según la responsable de Apoma, "lleva a la gente a rechazar la posibilidad de celebrar estos convites en el polígono". Además, advirtió de que tampoco las empresas se plantean instalarse en esta zona "por la imagen que da".

El Consistorio comenzó a elaborar un borrador de ordenanza municipal a principios de 2008 y, tras una paralización, el alcalde anunció el pasado 11 de noviembre que esta normativa, que prevé sanciones para los clientes, estaría terminada en no mucho tiempo. No obstante, apuntó que la posibilidad de intervención de los consistorios ante este problema no es muy amplio: "trataremos de resolver lo que puede un ayuntamiento abordar, que es lo referido a vía pública".