La Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto estatal de ordenación del sector pesquero y adaptación al fondo europeo de la pesca porque "invade competencias" del Ejecutivo autonómico, según aseguró hoy el secretario xeral de la Consellería do Mar, Francisco Vidal-Pardo Pardo.

En una entrevista a Radio Líder, Vidal-Pardo Pardo vio esta medida como "una obligación del Gobierno gallego para proteger al sector pesquero gallego", ya que, el Real Decreto 1549/2009 de 9 de octubre "invade competencias" al establecer como "pesca marítima" —de competencia estatal— materias que son propias de ordenación del sector pesquero.

Según el secretario xeral, la norma vulnera la Ley de pesca marítima del Estado —de 2001— e invade competencias gallegas. Así, apuntó que el capítulo XI del decreto que regula el censo de la flota pesquera operativa es "contrario" al sistema de distribución de competencias, ya que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo de las bases del Estado en este apartado.

"Lo que ocurre es que el ministerio —de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino— cambia el título competencial al censo de la flota pesquera y lo incluye en un capítulo de pesca marítima, de competencia estatal, por lo que sólo figuran las embarcaciones que faenan en aguas exteriores, dejando fuera a las de aguas interiores", explicó.

En este sentido, subrayó que "ese censo" es "el único" que tiene coordinación con el de buques de la Unión Europea (UE), por lo que denunció que, "en la práctica", esta decisión supone la exclusión de ayudas comunitarias para más de 5.000 embarcaciones que trabajan en aguas interiores.

Contestación del marm

Por último, el responsable de la Secretaría Xeral de la Consellería do Mar se mostró "perplejo" con la contestación recibida por el ministerio, en la que, "en vez de explicar el problema se ratifica" y esperó que el fallo "se conozca cuanto antes".

En un comunicado, el Medio Ambiente, Medio Rural y Marino replicó ayer a la Xunta que el real decreto de ordenación pesquera afecta a la flota que faena en aguas exteriores, de las que recordó que son "competencia exclusiva del Estado". Esta norma prevé solicitar un informe previo de la Administración autonómica cuando los buques puedan faenar en aguas interiores y exteriores.