El viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco, José Manuel Finez, aseguró hoy que el "debate" entre libertad y seguridad no es "real" e insistió, en este sentido, en que "la mejor manera de defender la seguridad es mantener un ordenamiento absolutamente garantista".

El viceconsejero vasco advirtió de que, "siempre en épocas de crisis económicas, parece que hay un retroceso en el ámbito de libertades", si bien a su entender "no es un debate real entre libertad y seguridad".

En esta línea, destacó la importancia, "en un momento en el quizá vemos amenazados el recorte de libertades", recordar a la opinión pública que "no hay contradicción entre libertad y seguridad".

De este modo, José Manuel Finez aseguró que "la mejor manera de defender la seguridad es mantener un ordenamiento absolutamente garantista".

El viceconsejero reivindicó "la vocación garantista" en el derecho penal y añadió que la Consejería quiere trabajar "en el desarrollo de la ejecución penal en esa vocación garantista, nos queremos comprometer a desarrollarla y tener un ámbito propio autonómico de actuación".

Preguntado por la polémica suscitada sobre el empadronamiento de inmigrantes ilegales en Vic, señaló que se trata de "una manifestación muy concreta que parece que se ha superado", pero que "pone de manifiesto que, en las capas más débiles, se quiere hacer descansar el problema económico que vivimos todos".

Modificación del código penal

El viceconsejero se pronunció de esta manera durante la presentación del sexto número de los Cuadernos Penales José María Lidón, en la que también participaron la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uría y el profesor de la Universidad de Deusto Juan Echano.

En esta ocasión, los cuadernos, que recogen las intervenciones correspondientes a las VI Jornadas de Derecho Penal en homenaje a José María Lidón celebradas durante el pasado mes de abril, se titulan 'El anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos', una reforma que "ya no está en fase de anteproyecto", sino que "ya es un proyecto presentado por el gobierno a la Cámara", recordó Margarita Uria.

Según explicó Juan Echano, se abordan, de manera especial, la pena de libertad vigilada, que "se está discutiendo reiteradamente con el fin de incluirla en el Código", y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que "parece que va a acabar siendo una realidad en el derecho español".

Como en ediciones anteriores, la iniciativa pretende "mantener viva" la memoria de José María Lidón, asesinado por ETA en 2001, y rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Las jornadas tienen, entre sus objetivos, el de convertirse en un foro en el que los profesionales del derecho penal puedan reflexionar "siempre en busca de una sociedad en la que esté presente la justicia, la libertad y en la que tengan cabida todas las personas".

Por su parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria destacó que, tanto en la vocación de José María Lidón como en los cursos desarrollados, la materia penal "va siempre estrechamente vinculada a la garantía de derechos y libertades".