Los investigadores del caso 'Arcos', contra la trama de corrupción urbanística, determinaron que en las cuentas del entonces alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba, había "numerosos ingresos en efectivo cuya procedencia está sin justificar", por lo que se concluye que el primer edil obtenía "ingresos ajenos a su sueldo como regidor", que podrían ser "producto de comisiones presuntamente ilegales".

De igual modo, la Guardia Civil advierte, en un informe incluido en uno de los tomos del sumario, al que tuvo acceso Europa Press, que Martín Alba podría guardar en su propia casa y en la de sus hijas Sonia y Mónica Martín, que fueron detenidas por estas diligencias, "importantes cantidades de dinero en efectivo, supuestamente procedente de comisiones ilegales u otras actividades ilícitas, con las que acostumbra a sufragar sus gastos cotidianos".

Por otra parte, en otro informe se resalta que el alcalde mantiene "un estrecho vínculo" con varios empresarios urbanísticos que operan en la localidad, relación que "va mucho más allá de lo estrictamente profesional", y se subraya que "estos empresarios tienen a día de hoy negocios 'vivos' que en parte dependen de la voluntad del regidor para que se sigan desarrollando sin cortapisa de ningún tipo y, posiblemente, al margen de la legalidad exigida para los mismos".

De hecho, a través de servicios de vigilancia, los agentes de la Guardia Civil detectaron al menos dos reuniones "en locales de confianza y fuera de la vista de los vecinos" entre Martín Alba y empresarios inmobiliarios que operan en la localidad. En la segunda de ellas participó el arquitecto municipal contratado por el Ayuntamiento, el cual durante la misma se ausentó acompañado por dos de los empresarios "supuestamente más favorecidos por la laxa actitud del Ayuntamiento".

La coincidencia en ambos encuentros de ciertos individuos determina que el entonces primer edil "parece mantener estrechos vínculos con personas que tienen intereses urbanísticos en su localidad y que son sospechosos de haber sido favorecidos al margen de la ley por el alcalde", con operaciones que supusieron "no solamente vulnerar la legalidad urbanística aplicable, sino, además, ocupar terrenos clasificados como áreas libres municipales".

Estudios de detalle

Se hace hincapié en que el estudio de detalle era "el atajo legal" que empleaba el alcalde de Alcaucín y sus colaboradores para "dar apariencia de legalidad a algunas construcciones que vulneran la norma", pese a que esta herramienta por sí sola "no puede nunca modificar la clasificación de suelo o los parámetros esenciales de los suelos urbanizables".

Los agentes relatan supuestas compensaciones al alcalde por el trato de favor prestado a promotoras, en su persona o en la de sus hijas, propietarias de algunas fincas, a las que, por tanto, Martín Alba "utiliza para ocultar la ilícita procedencia del bien y eludir las consecuencias de su propia conducta presuntamente delictiva".

Según las conversaciones intervenidas, Martín Alba le preguntó en una ocasión a una de sus hijas "si le han dado la 'lana'". Preguntado por la Guardia Civil sobre el significado, indicó que era "dinero"; aunque ante la instructora no supo explicar a qué se refería con esa expresión, explicación que tampoco dio la mujer, a quien le intervinieron en su casa 12.800 euros.IRREGULARIDADES

Entre los asuntos en los que la Guardia Civil detectó posibles irregularidades, los agentes destacan en un informe la supuesta recalificación de unos terrenos con una superficie de 2.620 metros cuadrados ubicados en el paraje Bujadillos del Puente de Don Manuel o el convenio urbanístico relacionado con Complejos Rurales Montesierra.

Al parecer, Martín Alba podría haber recibido 30.000 euros por parte del propietario de la parcela del paraje Bujadillos del Puente de Don Manuel para que el Ayuntamiento elaborase un estudio de detalle para modificar el tipo de viviendas permitidas y aumentar el coeficiente de edificabilidad, según dicho informe.

El propietario de estos terrenos habría llegado a un acuerdo para la venta de la parcela a una constructora de Córdoba, siendo necesario el mencionado estudio de detalle para "dar apariencia de legalidad a la futura urbanización".

Precisamente, en ese mismo estudio de detalle se incluirían también otras fincas del entorno adquiridas por la sociedad Alcaucín Resort S.L., que en total representaban al menos 7.190 metros cuadrados, una superficie que, según exponen los investigadores, podría ser mayor y alcanzar los 9.028 metros cuadrados.

Se subraya que el representante de Alcaucín Resort S.L., un agente inmobiliario de la localidad "muy vinculado" al alcalde, con el que "parece que tiene por costumbre acudir al casino de Torrequebrada", fundó junto con las hijas de Martín Alba y la cuñada de una de éstas la sociedad Alcaucín Building S.L., por medio de la cual Sonia y Mónica explotaron, al parecer, a título gratuito el hotel Romero —fue adquirido por 3,1 millones de euros, una cantidad "excesiva" dada las dimensiones del establecimiento y teniendo en cuenta que no tenía actividad—.

Esa explotación gratuita podría haberse producido, según se revela, "como compensación a la actitud del regidor, de cuya voluntad dependía que los terrenos finalmente alcanzasen una edificabilidad mayor de la permitida por la normativa aplicable".

Se precisaba en dicho informe, con entrada en el juzgado en noviembre de 2008, que en ese momento se trata de un negocio "vivo", por lo que "es perfectamente posible" que el alcalde no sólo haya recibido dinero del propietario de esos 2.620 metros cuadrados, sino que "aún le quede parte por recibir".

Otro asunto "vivo" entonces y susceptible de ser negociado con el alcalde era la construcción de 150 viviendas en terreno no urbanizable, promovidos por la sociedad Málaga Haendel, aunque catastralmente los terrenos figuran a nombre de ese agente inmobiliario vinculado al alcalde.

De hecho, en su momento estos terrenos fueron incluidos en el intento de Renovación-Innovación de las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal de Alcaucín con el propósito de legalizar la construcción. Todo ello pese a que el alcalde "era perfecto conocedor de la ilicitud de esta actuación", se subraya.

Informes falsos

Por otro lado, en un auto de la instructora, al que tuvo acceso Europa Press, consta, por las investigaciones realizadas, sobre todo las conversaciones telefónicas intervenidas, que el arquitecto de Diputación imputado en esta causa, José Mora, "cobraba por la emisión de informes".

En este punto, además se precisa en el escrito que uno de los constructores imputados reconoció haber pagado "al menos en una ocasión 3.000 euros" a éste por la emisión de un informe. Algunos de los documentos elaborados por el arquitecto tenían el membrete de la Diputación provincial, según la resolución.