Tanto el secretario de Organización, de Finanzas, de Política Social y de Medio Ambiente de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, Juan Viera Pérez, como el abogado y secretario insular de Enseñanza de CCOO en Gran Canaria, Desiderio Padilla Belza, pidieron al Gobierno regional que no recurra la sentencia y que la extienda a todos los trabajadores.

Padilla pidió además que no se recurra porque, en caso contrario, el recurso de casación al Tribunal Supremo supondría alargar el conflicto otros entre 6 y 7 años, perjudicando aún más a los trabajadores y la labor que realizan.

Para ello, CCOO se basa en una sentencia del 18 de diciembre de 2009 en la que la sección primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) da la razón a una trabajadora sobre que se le reconozca y abone el complemento específico de orientadora.

Si el Ejecutivo canario no recurre, CCOO pedirá a la Consejería de Educación que, "para evitar injusticias", extienda el reconocimiento a los 200 orientadores, lo que supondría un desembolso de 1 millón de euros en los atrasos correspondiente a este complemento, de en torno a los 180 euros por trabajador.