La tasa de criminalidad en la provincia de Castellón durante 2009 fue la más baja de toda la década, con menos de 45 infracciones por cada 1.000 habitantes, según informó hoy el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, durante el balance que realizó de la actividad policial en el pasado año.

Así, explicó que la tasa de criminalidad "descendió en más de 13 puntos respecto a 2002, año en el que se alcanzó el máximo histórico". Respecto a los delitos, durante 2009 se registraron menos de 24 por cada 1.000 habitantes. "Hemos avanzado de forma sustancial en los últimos años para garantizar la mayor seguridad objetiva", señaló Lorenzo.

El subdelegado señaló que este descenso "no es fruto de la casualidad, sino que se ha producido un incremento importante de los recursos de la Guardia Civil y del Policía Nacional en la provincia". Así, dijo que los catálogos de ambos Cuerpos de Seguridad han pasado de 1.268 efectivos en 2006 a 1.945 efectivos en la actualidad, "lo que supone un incremento superior al 53 por ciento".

Además, destacó que "se ha apostado por reforzar las infraestructuras policiales, con la Comisaría de la Policía Nacional en fase muy avanzada, y cuarteles de la Guardia Civil en l'Alcora, Morella y Oropesa, así como el de Onda, en el que comenzarán las obras para que esté finalizado en 2011". Lorenzo también destacó la rehabilitación integral del cuartel de Vilafamés y la próxima finalización de las reformas del cuartel de Segorbe.

Por otra parte, indicó que durante 2009 los Cuerpos de Seguridad se incautaron de más de 4.500 kilos de hachís, 410 kilos de marihuana, 26 kilos de cocaína y 1,7 kilos de heroína. Durante el pasado año se produjeron más de 8.000 detenciones.

Censos electorales

El subdelegado también informó de la reunión que mantuvo hoy con el director provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Castellón para hacer un seguimiento de los censos electorales. Al respecto, señaló que "el Gobierno tiene la determinación de que se cumpla radicalmente con el principio de garantizar la pureza de los procesos electorales y de que no se incrementen los censos de forma fraudulenta".

Según dijo, "se han valorado los mecanismos de alerta de los que dispone el INE para determinar incrementos anormales de los censos en la provincia", y advirtió de que "la administración electoral estará extremadamente vigilante para que no se produzcan circunstancias que alteren el normal desarrollo del proceso electoral".