El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en funciones, Fernando Ruiz Piñeiro, aseguró hoy que no se siente "desautorizado" por la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa por supuesta desobediencia abierta contra el lehendakari, Patxi López, su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe, el actual consejero de Interior, Rodolfo Ares, y cinco miembros de la ilegalizada Batasuna por mantener reuniones en 2006.

Tras un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, en el que la ONCE le hizo entrega de una copia en braille de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ruiz Piñeiro manifestó que "el sistema está configurado de forma que las decisiones que se toman pueden ser revocadas por un Tribunal Superior".

"Dicha circunstancia no significa que me sienta desautorizado. Las decisiones se toman en su momento por los motivos que se reflejan por escrito", añadió.

A su juicio, "el sistema jurídico funciona con absoluta normalidad" y hay que tener "perfectamente asumido que nuestras decisiones son objeto de recurso de la misma manera que nosotros rechazamos o confirmamos las decisiones de los jueces que están jerárquicamente por debajo de nosotros".

Preguntado sobre si le ha sorprendido que el Tribunal Supremo "haya entrado en el fondo del asunto" y haya archivado la causa que abrió el TSJPV, aseguró: "Ni me ha sorprendido, ni me ha dejado de sorprender. Yo esperaría a leer la resolución y, cuando lo haya hecho, tendré mi propia opinión, que, en cualquier caso, ya la tengo súper anticipada, porque lo he dicho muchas veces, será de respeto a la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo", indicó.

Acusaciones particulares

Respecto la decisión del Tribunal Supremo sobre que la acusación popular está legitimada para ir a juicio aunque la fiscalía no acuse, manifestó que "es la tercera decisión que se toma en el tema de las acciones populares", dos de ellas coincidentes y otra en "en otro sentido", en referencia a las del caso Atutxa y caso Botín.

A su juicio, el hecho de que haya dos decisiones a favor de la legitimidad de la acusación popular para instar a la apertura de juicio oral, "permite ya hablar de doctrina del TS".