El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón continúa con la investigación del caso Pretoria contra la corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas y ha acordado mantener la condición de testigos a las diez personas a las que ha interrogado esta semana.

Entre los testimonios que el magistrado ha escuchado durante toda la mañana en su despacho está el del ex concejal socialista en Barcelona Ferran Julián y el ex director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU Lluis Renau Folch, puesto que a la ex alcaldesa de Badalona y actual senadora del PSC por Barcelona Maite Arqué i Ferrer la tomó declaración el lunes en el Senado.

Al ser aforada actualmente, Arqué i Ferrer se ha acogido al derecho que le asiste a no acudir a declarar a sede judicial y hacerlo por escrito o que el magistrado se desplace para tomarle declaración.

La mayoría de los testigos no han querido hacer manifestaciones a los periodistas, si bien Ferran Julián se ha mostrado "bastante" sorprendido por su citación, y Renau sólo ha dicho que su declaración "ha ido bien". Los primeros que han comparecido ante Garzón han sido Ramón Peñaranda y Antonio Bellostes, director general y director general financiero de Proinosa, empresa inmobiliaria presidida por Josep Singla, uno de los imputados que está en libertad bajo fianza.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha escuchado a Jeff Schroeder Quijano, presidente de la sociedad Studios Mind Park, que ha negado cualquier vinculación con los Ayuntamientos de las localidades en las que operó la supuesta trama y ha dicho que tiene una "relación muy puntual" con alguno de los imputados.

A excepción de la declaración de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado del presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García (único imputado en prisión), que ha permanecido cerca de una hora ante el juez, las otras comparecencias han sido breves.

El resto de testigos que han pasado por el despacho del juez han sido los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea y Maite Carol, además de María Isabel de la Fuente.

En esta causa hay un total de 20 imputados, de los cuales sólo está preso Luis García, puesto que tras ingresar en prisión los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta y los entonces alcalde de Santa Coloma y concejal de Urbanismo, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, el juez fijó distintas fianzas para ellos.