Así lo aseguró a Europa Press el presidente del comité, José Pérez Marroco, quien precisó que en un primer momento el ERTE será de un año pero "se intentará acelerar al máximo posible para agilizar así la incorporación del nuevo inversor".

Asimismo, Pérez Marroco explicó que la plantilla, con un total de 62 trabajadores —incluidos los 56 de la planta onubense y los empleados de los contratos relevos—, "sólo cobrará la prestación por desempleo" al desconocer el paradero del actual propietario de la compañía, a lo que añadió que además se formará la semana próxima una mesa de trabajo para "negociar otros detalles del ERTE e intentar garantizar la vigilancia en la fábrica".

En este sentido, el portavoz de los trabajadores recordó que la intención de la plantilla es que el plazo sea menor de 12 meses para "reanudar la actividad" y que la Junta de Andalucía "ejecute todos los planes administrativos que estén en su mano para que los archivos industriales pasen al posible futuro propietario".

Respecto a las deudas de la empresa con la plantilla, Pérez Marroco apuntó que a finales de diciembre se presentaron reclamaciones ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac), donde se prevé que se dé un acto de conciliación antes de tener que acudir al Juzgado de lo Social, pero el presidente del comité no auguró un futuro "muy halagüeño" al respecto.