Según refleja el texto recogido por Europa Press, el pasado 8 de junio se entregó en la sede del Justicia un escrito en el que se ponía de manifiesto la situación de un joven de 18 años de edad y afectado por una discapacidad del 52 por ciento.

En concreto, se aludía a la situación en la que había quedado el joven al tener que abandonar el Centro de Educación Especial 'La Alegría de Monzón' (Huesca) en el que vivía como consecuencia de unos hechos ocurridos que habían dado lugar a las correspondientes actuaciones judiciales.

Tras diversas gestiones llevadas a cabo por la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Huesca, el 26 de febrero el joven ingresó en el Centro de Atades 'Manuel Artero' de dicha localidad, si bien el 28 de abril se comunicó que la plaza no había sido concedida, hecho que motivó que el 26 de junio tuviera que abandonar el Centro y pasara a residir en el domicilio familiar.

Como consecuencia de la queja presentada, el Justicia pidió información al respecto mediante un escrito remitido al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, que se reiteró hasta en tres ocasiones —en fechas 9 de julio, 26 de agosto y 13 de octubre—.

Finalmente, el 23 de octubre entró en la Institución el informe solicitado a dicho Departamento, en el que se informaba de que el joven había sido internado en el Centro 'Manuel Artero' durante un tiempo limitado como solución urgente y provisional y que cuando se presentó la solicitud de admisión en los centros del Centro Base del IASS de Huesca —27 de marzo— no había alcanzado la puntuación necesaria, por lo que se encontraba en la lista de espera.

Ante esto, el Justicia recordó en las consideraciones jurídicas que el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que la Institución debe proteger y defender los derechos individuales y velar por la defensa y aplicación del ordenamiento jurídico aragonés; mientras que el artículo 1 de la Ley reguladora del Justicia dispone que podrá supervisar la actividad de la Administración en Aragón, de los entes locales y de los servicios públicos.

Además, García Vicente citó la Orden de 19 de marzo de 1998 que regula la acción concertada del IASS, que alude al acceso de todos los ciudadanos a los diferentes sistemas públicos de protección social como objetivos a alcanzar; e incidió en que cuando se elaboró la orden "ya existía conciencia de que la demanda de plazas en centro de atención especializada para personas mayores o discapacitadas superaba ampliamente las disponibles en los centros aragoneses de titularidad pública".

El Justicia señaló también que la Orden 4 de junio de 2007 del Departamento de Servicios Sociales y Familia establece que se considera plaza ocupada la asignada por el IASS a un usuario, desde el momento en que se produce su ingreso en el centro, así como aquella en que el usuario se encuentre ausente por causas justificadas por un periodo no superior a siete días.

"Nada dice sobre el carácter provisional de dichas plazas para los casos calificados como urgentes", aseveró el Justicia, que sostuvo que "siguiendo la definición de plaza ocupada dada por dicha orden, cuando el IASS determinó que el joven ocupara la plaza en el Centro Ocupacional 'Manuel Artero' de algún modo se la estaba asignando".

Por último, el Justicia se refirió a la situación familiar del joven y recordó que ya estaba escolarizado en el Centro de Educación Especial 'La Alegría' hasta que unos graves hechos ajenos a su voluntad impidieron que continuara en el centro.

"El caso puede tildarse de urgente. Dado que el espíritu de la norma no es otro que el de asistir a estas personas, primando sus circunstancias personales, familiares y sociales frente a la mera burocracia, sería positivo que el Departamento articulara los mecanismos necesarios para la creación de más plazas concertadas que dieran solución a situaciones de urgencia como la de este joven", concluyó.