El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, formalizó hoy el requerimiento al Ministerio de Cultura para que intervenga ante el "inminente" inicio de las obras del bus guiado en el parque Ribalta que, a su juicio, "no cuentan con todas las salvaguardas legales", y aduce, además, la ausencia de catas en la plaza de la Farola.

"Los socialistas nos oponemos a que se asfalte el patrimonio y la historia de Castellón y el Partido Popular está decidido a arrasar uno de los emblemas culturales de la capital", afirmó Calles en un comunicado.

La denuncia presentada ante el Ministerio de Cultura se acoge a las disposiciones de la Ley del Patrimonio Histórico Español, "una norma de rango superior a las autonómicas por medio de la cual se protegen los bienes integrantes del patrimonio histórico que sean puestos en peligro de destrucción o deterioro", señaló el PSPV.

La documentación presentada por el grupo socialista de Castellón alerta de la "inminencia" de las obras y de los "daños irreversibles" que se producirán en el conjunto histórico-artístico. La Conselleria de Infraestructuras prevé acometer la urbanización del parque castellonense a partir del lunes.

El texto de la denuncia refleja que las obras en el parque Ribalta están supeditadas al cumplimiento de los condicionantes exigidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y, en concreto, el correspondiente a la elaboración de un plan especial que coordine la intervención. El plan en cuestión ha sido aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento, "pero lleva un año paralizado en la Generalitat, organismo encargado de validarlo", según los socialistas.

Otro de los aspectos que supuestamente vulnerarían la legalidad en materia de protección cultural es el incumplimiento de las exigencias arqueológicas establecidas por el Gobierno valenciano, según el grupo socialista.

La autorización de Patrimonio supeditaba la realización del proyecto a la excavación del denominado Fuerte de la Libertad, y a la valoración arqueológica y arquitectónica del refugio subterráneo de la Guerra Civil española ubicado en la plaza de la Farola, "dado que el trazado de la línea de transporte guiado del TRAM coincide en su totalidad con dichos yacimientos", añadió.

Por otro lado, se informa al Ministerio de Cultura del presunto incumplimiento de la legalidad al haberse modificado el proyecto de acondicionamiento del paseo central del parque sin una nueva autorización de Patrimonio. "El proyecto de hormigonar el Ribalta es una barrabasada que no tiene ni pies ni cabeza", explicó Calles, quien resaltó que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece que "las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien del Patrimonio Histórico Español deberán ponerlo en conocimiento de la Administración competente, que actuará con arreglo a la ley".

La ley considera expoliación "toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social".

En tales casos, la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las autonomías, "en cualquier momento, instará al Gobierno de la comunidad autónoma a la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación patrimonial".

Además, establece que "si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado". Calles señaló que el grupo socialista "tratará por todos los medios legales de oponerse a la barbarie cultural que está perpetrando el PP desde las consellerias de Infraestructuras y de Cultura y desde el Ayuntamiento de Castellón".