PP exige la disolución de los ayuntamientos de ANV ante la posible filtración de informes del TAV a Segi

El parlamentario del PP en la Cámara vasca Carlos Urquijo exigió hoy la disolución de los ayuntamientos vascos gobernados por representantes de la ilegalizada ANV, ante la posibilidad de que desde alguno de estos consistorios se hayan facilitado a la organización juvenil Segi, también ilegalizada, planos del Tren de Alta Velocidad (TAV) para atentar contra esta infraestructura.

El parlamentario 'popular', a través de un comunicado, advirtió de que "no podemos permitir por más tiempo que un partido ilegal desde hace casi año y medio, y que actúa causando un daño evidente a nuestra democracia, continúe un día más al frente de ninguna corporación local".

El PP, a través de una proposición no de ley, reclamará al Gobierno vasco que traslade al Consejo de Ministros la voluntad de "adoptar las decisiones previstas" en el artículo 61 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local para disolver los ayuntamientos vascos gobernados por representantes de Acción Nacionalista Vasca.

Según recordó el parlamentario 'popular', el Tribunal Supremo ilegalizó ANV el 16 de septiembre de 2008, por considerarla un "instrumento al servicio de la banda terrorista ETA". A pesar de ello, lamentó que "todavía existen hoy en el País Vasco varios ayuntamientos presididos por representantes de esta formación política ilegalizada".

Ante esta situación, y "no habiendo sido posible el deseable acuerdo político entre demócratas para desalojar a los alcaldes de ANV", el PP consideró "indispensable" recurrir a otros instrumentos previstos en la legislación "para atajar estas situaciones".

Según explicó, la Ley Orgánica 1/2003 modificó el artículo 61 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, para que el Gobierno de España pudiera disolver ayuntamientos en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

"cobertura al terrorismo"

El PP recordó que la ley considera que se incurre en causa de disolución cuando los órganos de las corporaciones locales "den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus familiares".

El PP ha presentado en la Cámara autonómica una proposición no de ley en la que reclamará el apoyo del Parlamento Vasco para exigir "con la máxima determinación" al Gobierno central la aplicación de los mecanismos legales establecidos para disolver los ayuntamientos vascos gobernados por personas que concurrieron a las últimas elecciones municipales en las listas de ANV.

Urquijo destacó el "malestar" de su partido por el hecho de que esta decisión no se haya adoptado aún. A su juicio, se trata de "una medida impecable desde el punto de vista democrático, que debiera haber sido puesta en marcha al dictarse la sentencia de ilegalización de ANV".

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