Según detalló, en denuncia y auto se imputa a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente un presunto delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente por haber dictado la resolución en la que manifestaba que la ejecución de la obra de 'Mejora de operatividad de los muelles comerciales' no requería de una evaluación de impacto ambiental "distinta" de la ya realizada en relación con el proyecto de ampliación.

En este contexto y pese a considerase "ajena" a dicha actuación presuntamente delictiva, la Autoridad Portuaria manifestó su sorpresa por la decisión adoptada, tanto por la forma —"dada la absolutamente inusual celeridad del Ministerio Fiscal y el Juzgado"— como por el fondo, pues "en momento alguno se indican las razones que llevan a entender que la resolución, origen de la imputación, incurra en ilegalidad y menos aun que constituya un hecho delictivo".

A mayores, señaló que la obra a que se refiere el auto judicial, la ampliación del muelle del Arenal, no está siendo actualmente ejecutada, siendo el único proyecto en ejecución en esa zona el de 'Mejora de la operatividad de los muelles comerciales', completamente distinto del anterior.

De hecho, el Puerto de Vigo aclaró que "el pleno ajuste a la legalidad" del proyecto de obra de ampliación del muelle del Arenal ha sido "expresamente declarado" por sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que la obra de mejora de la operatividad de los muelles comerciales, actualmente en ejecución, genera 110 puestos de trabajo directos y 330 indirectos, supone una inversión de 46, 6 millones de euros y constituye "una necesidad" para el desarrollo del puerto y de la economía de Vigo y su comarca.

Cumplimiento y explicaciones

Aún así, la Autoridad Portuaria anunció que cumplirá el auto judicial, pero, al tiempo, va a solicitar del Ministerio Fiscal explicaciones sobre las razones que le han llevado a formar su convicción de la existencia de un delito y de la premura en la tramitación de la denuncia.

Simultáneamente, se usarán las pertinentes vías de recurso contra una resolución judicial cuya decisión no comparte el Puerto de Vigo y que entiende como "gravemente perjudicial para los intereses del puerto y de la ciudad de Vigo".