En un comunicado, apuntó que esta iniciativa del Consell "desafía al Tribunal Supremo, no al Ministerio de Cultura", que se limita a "cumplir una orden judicial y la Constitución".

Así, señaló que el Decreto-Ley del Gobierno valenciano "no puede derogar la orden ministerial, de igual modo que una orden del Gobierno de España no puede derogar una orden de la Conselleria de Cultura" porque a relación entre ambas normas "no es de jerarquía, sino de competencia".

De este modo, el Ministerio "tiene la competencia y la obligación, lo dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, para dictar esa orden, y ni siquiera el Estatuto de Autonomía podría quitársela". Se trata de una competencia (la protección de los bienes históricos más importantes de España) atribuida expresamente por la Constitución al Estado, por lo tanto las normas autonómicas no le afectan, explicó.

En este sentido, destacó que los decretos leyes son "normas reservadas a situaciones de extrema y urgente necesidad", circunstancia que "no comparece en el caso del Cabanyal de ningún modo", advirtió.

Por ello, "si el Gobierno valenciano no está de acuerdo con la orden ministerial, puede impugnarla ante la Audiencia Nacional. Lo que sucede es que el Consell sabe que la Audiencia nunca le dará la razón, pues el tema ya está resuelto por el tribunal Supremo", aseveró.

Salvem el Cabanyal opinó que el Decreto-Ley es "absolutamente desproporcionado e inconstitucional" y apuntó que si el Ayuntamiento y la Generalitat discrepaban de la competencia del Ministerio de Cultura, "¿por qué enviaron sus informes en el procedimiento de declaración de expolio cuando fueron requeridos por el Ministerio?", se preguntó.

A su juicio, si las administraciones valencianas discrepaban de la actuación del Gobierno central, "¿no debían haber impugnado entonces la competencia del Ministerio?, insistió, porque "la participación sin alegación alguna en el procedimiento de declaración de expolio inhabilita ahora a los gobernantes del PP, cuando la resolución no les satisface, para negar la competencia del Ministerio.

Igualmente, calificó de "cortina de humo" esta medida porque, a su juicio, "el PP no quiere hablar de los informes técnicos de instituciones solventes que dicen que su plan destruye el patrimonio de los valencianos".