En declaraciones a los periodistas en Almería, Soler se felicitó ante el hecho de que "por fin" se lograse que el dueño de la compañía "entienda que no había más alternativa que la que ofertaba la Junta de Andalucía" para evitar el "riesgo evidente de cierre ante una deuda acumulada de 3.000 millones de euros" si bien advirtió de que, a la espera de que se pronuncie "en próximos días" la dirección hispalense, empieza ahora "la parte más difícil" para la consecución de la llamada 'hoja de ruta".

Subrayó, en esta línea, lo perentorio del "acuerdo y la complicidad" del propietario para "seguir trabajando y salvar el empleo para 2.000 familias" aunque no precisó quien será el administrador único de los derechos políticos de Astilleros de Huelva ya que, según matizó, "lo importante es que se ha desbloqueado el conflicto y hay acuerdo para continuar avanzando".

Soler señaló, asimismo, que, dada las características "diferentes" de una y otra compañía, "es muy difícil concretar el tiempo" por el que se prolongará el proceso para "normalizar y recuperar la actividad y regularizar el pago de salarios" al tiempo que lanzó un mensaje de "agradecimiento" a los sindicatos y "sobre todo, a los comités de empresa", por una actitud que tildó de "responsable y de compromiso en defensa del empleo".

Los consejeros de Astilleros de Huelva decidieron el pasado día 2 de enero transferir "particularmente" en consejo de administración sus poderes políticos ante las "presiones y coacciones" a las que se ven sometidos. Al respecto, también se propuso el nombre, como apoderado general de Astilleros de Huelva, de Rafael López-Tarruella, de 58 años de edad y ex directivo de Caja Rural del Sur y ex director general de Cajasol, un nombramiento que tiene que aceptar o rechazar la Agencia de Desarrollo e Innovación (IDEA).