Las irregularidades en el municipio madrileño de Boadilla del Monte van más allá de la trama Gürtel. Las adjudicaciones sospechosas también salpican al jefe de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, y a su hijo, Gerardo Díaz Santamaría.

El Ayuntamiento boadillense (del PP) ha ‘perdonado’ 392.9411 a Trapsa, una firma de Díaz Ferrán y su hijo, que debería haber terminado la construcción de un centro deportivo de gimnasia hace dos años y aún no lo ha finalizado. Estos 400.000 euros son la penalización prevista por el retraso de las obras, una multa que el Consistorio aún no ha querido ejecutar.

Pero hay más. Trapsa sigue recibiendo del Consistorio 30.000 euros cada mes, un canon por gestionar otra instalación deportiva, la piscina cubierta de Boadilla, a pesar de que este contrato expiró en septiembre de 2008. El interventor municipal ya ha avisado, en un documento al que ha tenido acceso 20 minutos, de la irregularidad de estas facturas, 14 en total, desde octubre de 2008 a noviembre de 2009. Es decir, Trapsa sigue dirigiendo la piscina sin contrato y el Consistorio ha seguido pagándole estos 14 meses.

Dos irregularidades que han supuesto unas ventajas económicas de 820.000 euros a Díaz Ferrán: 400.000 euros en una multa no ejecutada y 420.000 euros en un canon que no debería haberse abonado.

Obras de 18 meses

La concesión del pabellón de gimnasia, un solar público de 6.242 m2, fue firmada por el anterior alcalde Arturo Panero, imputado en el caso Gürtel, en junio de 2005. Trapsa, única empresa que se presentó al concurso, se comprometió a construir el pabellón en 18 meses. Las obras tenían que haber finalizado en 2007. Para más inri, el director de este centro iba a ser el gimnasta Jesús Carballo, que fue en la lista electoral de Panero en el número 21.

"Esta sospechosa adjudicación es una buena muestra de la incompetencia y dejadez del PP. Trapsa ha fracasado en un proyecto que ni siquiera tiene fecha de finalización, la gestión se concedió a personas vinculadas al PP y para rematar, el Ayuntamiento ni siquiera ha reclamado las indemnizaciones previstas en el pliego de condiciones", afirma el portavoz del PSOE, Pablo Nieto. Los socialistas han pedido que se anule la concesión y se ejecuten los 400.000 euros de multa.

Un portavoz del Consistorio señala que se ejecutará la multa cuando terminen las obras, aunque no supo precisar cuándo será. En cuanto al pago del canon fuera de contrato, aseguró que "es legal" seguir pagando esos 30.000 euros mensuales a Trapsa, a pesar de que el interventor dice que "no existe ningún documento que ampare actualmente la aprobación de las facturas de Trapsa". El Ayuntamiento afirma que ya hay un nuevo pliego de licitación para encontrar nuevo adjudicatario para la piscina cubierta.

La concesión está hipotecada

Trapsa solicitó en 2006, un año después de que le fuera concedida la adjudicación, permiso al Ayuntamiento para hipotecar la concesión del gimnasio, algo que le fue concedido en julio de 2006. Es decir, hipotecó los supuestos ingresos que iba a recibir de los clientes cuando abriera el gimnasio para conseguir así un préstamo.

También intentó hipotecar, sin éxito, el solar donde se iba a levantar el centro. El Consistorio se lo denegó porque es ilegal, ya que aunque la concesión dura 50 años, el gimnasio es un bien de titularidad pública.