El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó hoy, en su última reunión del año, los proyectos de Ley de Autonomía Local (Laula) y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, confiando en que se produzca un "amplio consenso" para su aprobación definitiva en el Parlamento, donde serán registrado en las próximas horas.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo "ha cumplido" y ha hecho "bien su trabajo", toda vez que el compromiso era que estas leyes fueran remitidas a la Cámara antes de que finalizara este año, de manera que empiecen a tramitarse parlamentariamente a principios de 2010 y puedan ser aprobadas de manera definitiva antes de que acabe junio. "Se trata de unas leyes de trascendencia histórica" en la comunidad andaluza, según indicó Pizarro, quien resaltó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha sido el "impulsor personal" de estas normas.

Tras indicar que además el Estatuto de Autonomía se "reafirma en su fortaleza y en su utilidad para responder a las demandas y problemas de los ciudadanos", el consejero manifestó que una vez que el Ejecutivo ha hecho sus deberes, ahora le toca el turno a los partidos políticos en el Parlamento. "Es el momento de la responsabilidad de los dirigentes políticos que están en el Parlamento", apuntó Pizarro, que recomendó especialmente al presidente del PP-A, Javier Arenas, cuyo partido se ha posicionado "en contra" de las dos normas "sin dar una sola razón", que haga una lectura "sosegada, profunda y tranquila" de los mismos y que, sobre todo, pregunte a sus alcaldes la opinión que les merece las futuras leyes. "Tendrá muchas dificultades para decir que no", apostilló.

En su opinión, el Partido Popular no tiene ningún motivo para decir que no a esas leyes en el Parlamento porque todos los planteamientos que ha defendido están recogidas en ellas (mayor autonomía local para los ayuntamientos, competencias propias, más financiación incondicionada o el incremento del Fondo de nivelación de servicios municipales o del Fondo de Cooperación Municipal). No obstante, puede volver a darse el caso, a su juicio, de que Arenas diga de nuevo que no a algo que es positivo para Andalucía porque lo "confunde con que es positivo para el PSOE". Auguró que el presidente del PP-A acabará diciendo que no a las leyes, en "esa carrera desesperada" por conseguir llegar a la Presidencia de la Junta en 2012.

En cualquier caso, Luis Pizarro insistió en que la Junta tiende la mano a los grupos políticos para conseguir un "amplio consenso" porque estas leyes lo merecen y es lo que esperan los alcaldes andaluces. "Espero que Arenas y Valderas (coordinador general de IULV-CA) estén a la altura de las circunstancias y no defrauden a sus alcaldes", sentenció.

El proyecto de Ley de Autonomía Local establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al determinar, por primera vez y de forma clara y precisa, las competencias de ayuntamientos y diputaciones. Los consistorios tendrán un total de 29 competencias propias (artículo 9), mientras que las instituciones provinciales asumen la asistencia a las corporaciones locales en diversas materias.

El texto establece los procedimientos para la posible transferencia de competencias desde la Junta de Andalucía, que se realizará por ley, así como de delegación del ejercicio de las mismas, mediante decreto del Consejo de Gobierno, garantizando además que ambos procesos se realizan junto con los recursos necesarios.

La Ley de Autonomía Local, considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos' y pionera en España, responde a las demandas históricas de los consistorios andaluces y supondrá la reducción de la tutela previa que hasta ahora ejercía la Junta sobre diversas materias, entre ellas la autorización para la enajenación o permuta de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, la creación y supresión de entidades de ámbito inferior al municipio, la adopción de símbolos por parte de las entidades locales o la constitución de mancomunidades y consorcios.

En esta línea, el texto conllevará también una mayor capacidad de autoorganización municipal y la regulación de las relaciones administrativas y financieras de la comunidad autónoma con las entidades locales. El gobierno local pasa así de ser mero administrador a sujeto activo en la gestión de sus políticas públicas, con los instrumentos de financiación incondicionada y suficiencia financiera indispensables para ello, garantizados a través de la Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos.

Participación en los tributos de la comunidad

En cuanto a la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la comunidad, fija la colaboración financiera con los municipios andaluces, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 y que tendrá carácter incondicionado, esto es, respetará la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciban. La previsión es que ese fondo alcance una dotación de 600 millones en el horizonte del año 2014, según explicó la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde destacó que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha aceptado los planteamientos financieros de la Junta.

Este fondo también lo será de nivelación, ya que las partidas se distribuirán en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal basadas en indicadores contrastables. Así, como variables de necesidad de gasto, se tomarán en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de cada municipio, mientras que las de capacidad fiscal harán referencia a las principales fuentes de ingresos propios.

Dada la gran diversidad territorial de los municipios andaluces, sus necesidades específicas y su elevado número, el fondo se asignará primero por tramos según la población y después se repartirá en detalle atendiendo a las citadas variables. No obstante, la ley incluirá una cláusula de garantía de 'statu quo' para que todas las entidades locales reciban, como mínimo, una financiación incondicionada superior a la que ya obtienen actualmente.

La dotación total del Fondo evolucionará conforme lo hagan todos estos ingresos tributarios. Además, se llevará a cabo una actualización anual de los valores que definen las variables de necesidad y capacidad fiscal de los municipios. Por otro lado, se garantiza la inclusión del fondo en los presupuestos autonómicos de cada año, en una sección independiente. Anteriormente, la evolución de la financiación local en las cuentas andaluzas dependía sólo de las prioridades en su elaboración.

Por último, el proyecto de ley contiene un reconocimiento explícito del principio de lealtad institucional, con el compromiso de la Junta de Andalucía de valorar el impacto que las modificaciones normativas de la comunidad puedan tener sobre la dotación del Fondo para, si es necesario, establecer las correspondientes compensaciones.