El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel (CC), informó hoy en sede parlamentaria que desde la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes, en el pasado mes de mayo, se ha permitido hasta la fecha el levantamiento de la supresión de los plazos de 25 modificaciones parciales de planes generales de ordenación, y en consecuencia, su tramitación, en el marco de la medida de agilización del planeamiento territorial y urbanística.

El responsable autónomo, que compareció este mediodía en Comisión Parlamentaria a instancia del Grupo Popular, explicó que desde la entrada en vigor de esta normativa han solicitado su tramitación como proyecto de actuación territorial de pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial, es decir, no como instrumento de ordenación sino como actos administrativos que han de ser tramitados por los cabildos, un total de ocho proyectos, uno de los cuales ya estaba presentado en 2008 y que ha reconducido su tramitación conforme a las facilidades que la ley permite.

De la misma manera, Berriel expuso que se han presentado en su Consejería un total de 20 proyectos de actuación territorial en lo que va de año, de los que, además, se ha solicitado la tramitación como proyectos de pequeña dimensión de otros seis que se suman a los ocho ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, el consejero aclaró que la tramitación de 20 solicitudes podrá ser derivada a los cabildos insulares.

Dentro del nuevo régimen de suelo rústico, la supresión de la exigencia territorial para aquellas actividades propias de la actividades agrícolas o ganaderas, siempre que no estén prohibidas por los planes insulares, Berriel apuntó que ha permitido "a muchos municipios agilizar las explotaciones agropecuarias y pese a que no se pueden facilitar datos porque su repercusión ha recaído en los municipios, la ley ha ampliado el ámbito de decisión de competencias locales en esta materia".

Mientras, el consejero señaló que el artículo 4 de la Ley de medidas urgentes ha permitido la instalación en suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos de plantas de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra fuente de energía renovable, siempre que no existiera prohibición expresa de los planes insulares. Con esta previsión, se han presentado cuatro solicitudes para la implantación de parques eólicos, tres de ellos en Fuerteventura y uno en San Sebastián de La Gomera.

Asimismo, este artículo, que posibilita también la implantación en suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos de infraestructuras, equipamiento y dotaciones docentes, educativas, sanitarias y sociosanitarias de promoción público. En base a esta previsión se han presentado cuatro solicitudes una de ellas ya resuelta, la correspondiente a la implantación del centro educativo bilingüe de La Herradura, en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

De igual forma, el responsable autónomo indicó que en "un breve plazo" su Departamento enviará a los cabildos el protocolo para la regularización de las explotaciones ganaderas, procedimiento que deseó "culmine en el primer semestre del próximo año". Y respecto a las previsiones de apremio previstas en la Ley para los planes territoriales turísticos, explicó que se observa a partir de la aprobación de esta normativa "un impulso por parte de las instituciones insulares que aún tenían pendiente su elaboración y tramitación, de tal forma que en un breve plazo llegarán a la Consejería para su aprobación definitiva algunos de ellos".

En consecuencia, Domingo Berriel incidió en que la Ley de medidas urgentes "está siendo efectiva pese al empeoramiento de la situación económica que ha enmarcado la realidad en la que ha de suscribirse su aplicación y que hace más difícil su eficacia. Pese a todo, sus positivos efectos son ya perceptibles pese al escaso tiempo desde su vigencia y aspiramos a que todas las medidas adquieran plena eficacia, muchas de ellas no podrán dar frutos en tan poco tiempo porque las regulaciones sobre el territorio requieren más tiempo".

"la gran coartada"

El diputado socialista Manuel Fajardo Palarea, por su parte, consideró que es difícil evaluar esta normativa en apenas seis o siete meses desde su aprobación, y señaló que para la Ley de medidas urgentes "no puede servir como la gran coartada las calificaciones territoriales, para las que se tardaba más de un año".

Asimismo, consideró que "cuanto más clara y más transparente" sea su aplicación "mejor" porque así se podrán evitar "espectáculos como los que se están viviendo en Canarias, que tienen que ver con la ordenación del territorio", y expresó su deseo de que la Ley "tenga los beneficios que los miembros del Gobierno anunciaron cuando la aprobaron en cuanto a la dinamización de la economía y al relanzamiento de un sector como el turismo, que viene siendo maltratado desde hace mucho tiempo".

El diputado 'popular' Jorge Blanco trasladó al consejero la "satisfacción" de su grupo en cuento a la aplicación de esta Ley desde que entró en vigor. Y señaló que si hay algo que destaca de esta normativa "es que se hizo pensando más en los ciudadanos y menos en los funcionarios que la aplican". "Ahí es donde radica gran parte del éxito de la norma", apostilló, antes de añadir que "el silencio positivo que conlleva esta Ley no es algo que guste mucho a las administraciones públicas, pero las leyes se hacen para todos los ciudadanos y no para los burócratas", recalcó.

Desde de las filas nacionalistas, Manuel Fajardo Feo señaló que su grupo hace "una lectura positiva" de la aplicación de la Ley de medidas urgentes tras la explicación del consejero, e incidió en que no se puede olvidar que esta normativa "viene motivada por el exceso de legislación que se superpone a la hora de regular el ámbito territorial". Asimismo, tachó de "razonable" el recorrido de esta Ley desde su aprobación, y pese a que haya tenido alguna dificultad en el sector de la ganadería, dijo estar "seguro" de que "se verán satisfechas las necesidades de los ganaderos".