La Generalitat tiene pisos sociales vacíos sin adjudicar en diez años
El patio de una de las viviendas cerradas, en un evidente estado de abandono. Foto
El Departament de Benestar i Família dispone de pisos de protección oficial, adaptados para ser ocupados por personas con discapacidad física, pendientes de adjudicar desde hace 10 años. Lectores de 20 minutos han dado con al menos dos de estas viviendas en Granollers, aunque podría haber más.

Cuando salió la convocatoria en 1995 nadie los solicitó y, desde entonces, no se han vuelto a promocionar, ni mucho menos incluir en un proceso de información pública.

Los vecinos del inmueble, ubicado en la calle Esteve Terrades han denunciado la desocupación de estos dos pisos sociales en múltiples ocasiones y admiten «no haber recibido más que evasivas de la Administración».

Para el resto de residentes del bloque, la conducta es reprochable, al tratarse de un servicio con mucha demanda en la comarca.

«Esta situación nos acarrea problemas graves para toda la comunidad de vecinos», comenta el presidente, Pau Tomé, «porque, con las lluvias intensas, el interior de los pisos se inunda y nos inunda a nosotros el rellano del edificio, además de que provoca problemas de humedad en la escalera».

De momento, la Generalitat no ha tomado cartas en el asunto. Tomé ha explicado que ADIGSA, la empresa pública encargada de gestionar y administrar las viviendas públicas, «sólo se ha acercado a solucionar los problemas cuatro o cinco veces en siete años y que, desde las últimas lluvias –ahora hará un mes–, aún no han acudido». Benestar i Família ha explicado que está pendiente una nueva convocatoria para estas dos viviendas y ha admitido que «no es normal que se esté tardando tanto», pero vuelve a justificar el hecho con argumentos como: «estamos cargando con una problemática que proviene de hace dos legislaturas».

Un colectivo con necesidades

La gerente de la Federación ECOM (Entidades Colaboradoras con los Minusválidos), Roser Fernández, ha valorado como «muy grave» el hecho de que la Generalitat haya permitido la desocupación de estos dos pisos, con una superficie aproximada de 80 m2 durante «tanto tiempo», obviando la necesidad de vivienda que tienen muchas de las personas con movilidad reducida. También muestran su indignación por el poco respeto hacia los que luchan por la integración, «teniendo en cuenta, además, el trabajo de entidades como ésta que, desde hace años, están pidiendo la creación de viviendas para personas con discapacidad física». Ante la imposibilidad material, se han venido planteando alternativas como la creación de establecimientos residenciales colectivos donde varias personas puedan compartir la misma casa.