Ese año, Hacienda reconoció que se había confundido al salirle a Antonio la declaración de la renta a pagar casi 4.000 euros. «Se ve que había alguien con un DNI similar al mío», dijo ayer el afectado. Pero el Ayuntamiento de Madrid persiste en enviarle cartas de pago. La última, el pasado sábado, en la que le reclama 148 euros, a pesar de los recursos que ha interpuesto.

Recurren al Defensor del Pueblo

Desde 2002, el sindicato USO ayuda a Antonio Félix Marroquí en sus recursos contra el Ayuntamiento de Madrid, «pero no nos han hecho ningún caso», comenta indignado, a pesar de que «lo hemos acompañado con certificados de la Guardia Civil del Cabezo que explican que soy un humilde trabajador jubilado», añade. Su última esperanza es un recurso al Defensor del Pueblo para que medie y que ya ha sido admitido a trámite.