Los imputados por el caso Pretoria han abandonando la prisión madrileña de Soto del Real y han ingresado a las 11.40 horas en la cárcel catalana de Can Brians II, situada en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Un gran autocar de la Guardia Civil ha trasladado al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y al ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. También al presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Luis García, Luigi, además de a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes el juez Garzón les denegó la libertad provisional pese a su edad avanzada, con lo que deberán cumplir también en Catalunya la orden de prisión preventiva.

Otro furgón de la Guardia Civil camuflado que iba detrás del autocar y motocicletas policiales han vigilado la zona por si había que cortar el tráfico cerca de la cárcel. No se han visto imágenes de los detenidos esposados ni portando sus pertenencias en bolsas de basura, como sucedió durante su ingreso en Soto del Real.

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, afirma que el Govern no ve «ningún inconveniente» en que sean trasladados a Catalunya, ya que es aquí donde habrían cometido el presunto delito que les imputan, pese a que las diligencias las lleva la Audiencia Nacional.

Lo más seguro es que los reclusos no puedan recibir visitas de familiares y abogados, probablemente, hasta el fin de semana.

El Govern ha aprobado nuevas medidas para combatir la corrupción urbanística. A partir de ahora, y para evitar nuevos casos Pretoria, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán presentar obligatoriamente auditorías financieras. También deberán publicitar los convenios urbanísticos y se deberán detallar todos los réditos económicos que conlleven.

La Generalitat quiere asegurar que las plusvalías obtenidas de las recalificaciones urbanísticas no reviertan exclusivamente en los adjudicatarios o propietarios de un terreno, sino también en las arcas públicas. También se refuerza la publicidad que se da de los convenios urbanísticos con la creación de un registro público unificado de todos,y la garantía de que se dispone de información puntual sobre los cambios de propiedad de los terrenos.