El Ejecutivo Comunitario envió a España una carta con un aviso motivado (paso previo a la denuncia ante el tribunal) en el que pide que adapte su legislación a la de la Unión Europea en esta materia.

Según la Comisión, los criterios utilizados por las autoridades españolas para determinar el reembolso de estos medicamentos no son objetivos ni verificables, como lo impone la legislación comunitaria.

España tiene ahora dos meses para responder a este dictamen.

Aunque los regímenes de seguridad social nacionales son competencia exclusiva de los Estados miembros, "España incumple una directiva de la CE que exige transparencia para garantizar que las medidas nacionales para fijar los precios y modalidades de reembolso de los productos farmacéuticos no creen trabas injustificadas al mercado", según la Comisión.

La CE consideró en una nota que la ausencia de criterios transparentes y objetivos en el reembolso del precio de los medicamentos no sólo perjudica el funcionamiento correcto del mercado único de productos farmacéuticos sino también a los pacientes.

Según la nota, la legislación española "no define ningún criterio objetivo y verificable para determinar los medicamentos que deben ser sujetos a un permiso y una inspección previa".