El Gobierno valenciano debe 2,3 millones de euros a los abogados del turno de oficio de la ciudad, que asisten a las personas que no tienen recursos para costearse su propia defensa jurídica. Se trata de los honorarios de abril, mayo y junio, que deberían haberse hecho efectivos el 30 de septiembre.

Según confirmó en declaraciones a 20 minutos el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, la Generalitat les transfirió este miércoles el 22% de la deuda, que ascendía a 2,97 millones, por lo que restan por pagar esos 2,3 millones a 3.085 letrados. “La Conselleria de Justicia nos ha dicho que se va a solucionar en breve, que estamos en crisis y que no hay dinero”, se lamenta. Pero denuncia que  el retraso se está prolongando más de un mes y medio.

Los abogados empiezan a estar “muy intranquilos y muy necesitados” por lo que Real califica de “impago crónico” por parte del Consell.  El Colegio de Valencia ha iniciado los trámites para exigir los intereses por la demora, pero su máximo dirigente teme una deserción masiva de los letrados si siguen los problemas para cobrar. “Habrá colegiados que se den de baja (el servicio es voluntario). Si lo hacen todos, sería un colapso para la justicia, y más en plena crisis, cuando más gente tiene derecho al turno de oficio”, alerta.

La demanda se dispara

Las previsiones para lo que resta de año y el que viene apuntan a un aumento de la demanda de justicia gratuita, por lo que Francisco Real pide “seleccionar las necesidades en los presupuestos y dotar a esta partida por encima de otras. Esto es un servicio público que aparece recogido en la Constitución, con la competencia transferida a la Comunitat Valenciana, por lo que el pago depende de la Generalitat”, subraya el decano.

“El presidente lo sabe”

El máximo dirigente de los abogados valencianos apunta, más que a la Conselleria de Justicia, “a todo el Gobierno valenciano en su conjunto. Es un tema crónico al que hay que dotar con fondos, porque luego viene Hacienda y empieza a hacer recortes en partidas esenciales como ésta”. Preguntado por si el presidente, Francisco Camps, es conocedor del problema, responde: “No me cabe ningún género de duda”.

“La Justicia sigue colapsada”

Para el decano de los abogados, la justicia valenciana “está colapsada y funcionando con mucha lentitud”. Asegura que en Valencia, en aspectos civiles, va “razonablemente bien”, pero no así en las ejecuciones de esas resoluciones. “Puedes tener una sentencia, pero si vas a embargar puedes estar años para poder ejecutarla y eso no es posible”, denuncia Real.