Su principal ventaja es la rapidez y la comodidad, ya que suelen tardar un máximo de dos semanas en encontrar el piso «a la medida». El cliente elige lo que quiere y sólo tiene que visitar las viviendas previamente seleccionadas.

También ofrecen un servicio de asesoramiento sobre la marcha del mercado, cuestiones jurídicas, contratación de seguros y avales.

Pero todo tiene su precio. Lo habitual es que cobren a las dos partes el equivalente a uno o dos meses de renta, o el 10% del total anual. Sin embargo, el propietario suele repercutir este coste en el precio final que debe pagarle el inquilino.

Además de este pago, es común pedir a los potenciales inquilinos dos nóminas para asegurar su solvencia.

Una vez encontrado el piso, el único compromiso que asumen las agencias es asegurar la legalidad de las cláusulas del contrato.

Selección previa

De la misma manera que los que buscan piso eligen sus características, los propietarios pueden vetar a determinados inquilinos, por lo que la totalidad de los pisos ofertados no están disponibles para todo el mundo.

Las agencias también tienen un filtro propio de posibles inquilinos, a los que piden informes para descartar a aquellos que no cuenten con una capacidad económica suficiente que asegure el pago del alquiler.

Pese a ello, en última instancia no se responsabilizan de su solvencia, de posibles impagos ni de ningún trámite legal.

Mucho ojo con el fraude

«Hemos detectado agencias que han subido los precios si el buscador era extranjero o que permiten cláusulas ventajosas para el propietario», afirma Emiliana Gómez, coordinadora del área jurídica de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). Otra de las reclamaciones más comunes recogidas por Consumidores en Acción es la aparición de anuncios falsos muy llamativos para que el buscador acuda a la agencia, cuando en realidad se trata de un reclamo. Las organizaciones de consumidores aconsejan no depositar dinero antes de haber recibido el servicio de la agencia y asegurarse de que está adherida al sistema arbitral de consumo.