El Juzgado de Ejecutorias número 7 de Madrid ha suspendido este jueves la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a cuatro empresarios a dos años y seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores. Estaban acusados de la muerte de dos trabajadores en unas obras realizadas en la calle Julián Camarillo de la capital en mayo de 2001, mientras desmontaban un andamio motorizado, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los condenados han comparecido este jueves ante el juez para que se decidiera sobre su ingreso en prisión. Los abogados de los arquitectos Emilio Antonio Rodríguez Castell y  Pablo Queraltó Gómez; del empresario Jacinto Calvente Crespo y del coordinador de Seguridad Juan Ángel Baigorri, han presentado una serie de alegaciones para que sus clientes puedan eludir la prisión.

Las alegaciones se presentan después de que el Consejo de Ministros les haya denegado el indulto. El juez las ha trasladado al Ministerio Fiscal y hasta que el fiscal se pronuncie sobre la petición de sus abogados, queda suspendida la ejecución de la sentencia.

Para que los acusados no entren en la cárcel, los abogados han alegado que los acusados son de edad avanzada y que su salud es precaria. Además, uno de los condenados, Pablo Queraltó Gómez, ha presentado la admisión del recurso de amparo del Tribunal Constitucional a la sentencia que le considera culpable de la muerte de dos trabajadores mientras desmontaban un andamio, una de las primeras sentencias con penas de cárcel por este tipo de delitos.

Normalidad de estas sentencias

Según el responsable de los Servicios jurídicos de CC OO de Madrid, Antonio García, encargado de la acusación popular, es la primera vez que tenemos orden de ingreso en prisión con fecha para hacerse efectiva. "La ley está para cumplirla y espero que empecemos a ver estas sentencias con la normalidad con que vemos que otros delincuentes entren en prisión".

Según la sentencia que les condenó "sin formación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los andamios y uno de ellos cometió un error fatal después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada y la plataforma subió por el tramo que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo con los trabajadores dentro, que murieron por las heridas sufridas en la precipitación".

"Todo el plan de seguridad diseñado falla desde el principio", según la sentencia. Ni el andamio motorizado estaba contemplado ni, por tanto, estaba prevista ninguna medida de seguridad para evitar los riesgos, no había cinturones ni arneses. Pero, sobre todo, el juez conecta directamente el accidente con la falta absoluta de formación de los trabajadores. Uno de ellos pertenecía a una ETT, por lo que legalmente no podía realizar una tarea peligrosa como el desmontaje de andamios y además estaba contratado para barrer. El otro tampoco había recibido formación específica para este trabajo. En cuanto a los acusados, la sentencia es contundente, de los arquitectos dice: "se desentendieron por completo de la seguridad de la obra", del coordinador y del delegado de seguridad, que "sus funciones eran más formales que reales".

En definitiva, que "el plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad sin contenido real" y que "si las normas de seguridad infringidas hubieran sido observadas, no habrían tenido lugar los resultados mortales".