El fiscal pide penas de entre 7 y 8 años de prisión para siete dirigentes de una asociación de camioneros acusados de extorsionar a trabajadores de la competencia, con amenazas personales o a sus vehículos, para quedarse con el monopolio del transporte de contenedores del puerto de Barcelona.

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el juicio contra los siete dirigentes de la empresa Transcont, quienes han negado haber amenazado o intimidado a camioneros del puerto y han mantenido que si éstos decidieron sumarse a su sociedad fue por las numerosas ventajas que obtenían de ella.

Los transportistas, que fueron detenidos en abril de 2006, formaban parte de la asociación de camioneros autónomos Transcont, presidida por el que, según la fiscalía, es el cabecilla de la mafia portuaria, Antonio G., alias El pistolas.

Según mantiene el ministerio público, con el fin de monopolizar el transporte de mercancías en el puerto de Barcelona, los acusados "crearon un ambiente de temor contra los autónomos no asociados a Transcont", advirtiéndoles de que si no se afiliaban a su agrupación sufrirían daños personales o en su vehículos.

Tras una campaña de quema de camiones y de conminaciones violentas a los transportistas, añade la fiscalía, los socios de la sociedad de la competencia Ametraci (minoritaria en el sector) acordaron disolverse e integrarse en Transcont.

Para ello, los acusados les exigieron la firma de un contrato simulado por el que los camioneros, que no llegaban a adquirir los derechos de los antiguos socios, se obligaban a pagar 6.000 euros a cambio de un número que los acreditaba como miembros de Transcont y facilitaba su trabajo en el Puerto de Barcelona.

De esta manera, mantiene la acusación pública, los acusados lograron recaudar 402.000 euros que utilizaron en beneficio propio y llegaron a extorsionar presuntamente a más de medio centenar de camioneros.