El futuro de Julian Assange será sometido de nuevo a debate esta semana en Reino Unido, en unas vistas que pueden representar la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos.
Fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia EEUU.
El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 su traslado al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso actualmente está en menos del Tribunal Superior, que ha fijado sendas vistas para este martes y para el miércoles.
El desenlace de este nuevo capítulo dependerá de que Assange pueda tener nuevas oportunidades de defender su caso ante la Justicia británica o que el proceso se eleve hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su entorno ha relanzado en estos últimos días la campaña para pedir su liberación, convocando incluso protestas en distintas ciudades.
El Parlamento de Australia reclamó el pasado miércoles a los gobiernos de EEUU y Reino Unido la liberación del programador para que pueda regresar a su país de origen, en una resolución que contó entre sus defensores con la voz del primer ministro, Anthony Albanese.
El Gobierno británico, sin embargo, se ha puesto de perfil estos últimos años y, más allá del visto bueno a la extradición, ha dejado el futuro de Assange en mano de los tribunales en un aparente intento por esquivar polémicas políticas o de poner en riesgo las relaciones con EEUU.
Sobre Assange, que según sus abogados ha sufrido un drástico empeoramiento de salud física y mental en estos últimos años, pesa una batería de cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad. Desde Amnistía Internacional (AI) temen por su seguridad, pero también por el "efecto disuasorio" que una condena supondría para la prensa de todo el mundo.
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