El gobierno de Jaume Collboni en Barcelona ha concretado este lunes la fecha en la que prevé que entre en vigor la ordenanza de convivencia actualizada: dentro de un año, en noviembre de 2024. Así lo ha señalado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, que ha explicado que el ejecutivo municipal se ha reunido hoy con los grupos de la oposición para contarles la metodología de trabajo.

Según ha afirmado, el objetivo es mantener la "carcasa" de la actual ordenanza, pero hacer los "ajustes" que hagan falta, teniendo en cuenta que esta se redactó en 2006, hace 18 años. Entre estos cambios está, como ya había anunciado en julio, revisar el régimen sancionador y poner en marcha, además, medidas alternativas a la sanción, que podrían aplicarse en casos de colectivos vulnerables, como el de los jóvenes.

El pasado 23 de octubre, Batlle afirmó que la modificación de la ordenanza servirá para "subir el importe" de las multas para aquellas conductas que más perjudiquen el espacio público. En este sentido, este lunes ha dicho que ahora hay nuevas tipologías de incivismo y realidades "palpables" que hace 18 años no había. Ha citado como ejemplo los problemas de convivencia relacionados con el ruido en la ciudad. 

Por el momento, para aumentar la cuantía de las multas, el Ayuntamiento está aplicando habitualmente desde agosto la parte media alta de la horquilla prevista en la ordenanza de convivencia actual. Se trata de una medida que forma parte del Pla Endreça, que el gobierno de Collboni puso en marcha para solucionar los problemas de limpieza y mantenimiento de la vía pública, seguridad y civismo en la ciudad.

El teniente de alcaldía, por otro lado, se ha mostrado partidario de trabajar mucho más en el campo de la mediación y de que se recurra más a la figura de los agentes cívicos en determinadas situaciones, como por ejemplo, la de un botellón.

También ha explicado que en septiembre ya se puso en funcionamiento una comisión técnica para preparar la modificación de la ordenanza y se han creado siete subgrupos de trabajo. La comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, ha precisado que abordan la revisión de la actual norma, nuevos ámbitos a regular, la revisión del procedimiento sancionador, la revisión de los importes de las sanciones, los colectivos vulnerables y medidas alternativas a la multa, perspectiva de género y corresponsabilidad.

El equipo de Collboni prevé que en mayo se pueda llevar una propuesta de modificación a la comisión de gobierno. Los grupos tendrán entonces 15 días para presentar enmiendas. Después el texto irá a la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior y, posteriormente, al pleno. Todo ello, con el horizonte de que la norma actualizada entre en vigor en noviembre de 2024.

Batlle ha contado que a la reunión de este lunes con la oposición se ha convocado a todos los grupos municipales, incluido Vox. "Recogeremos todas las sugerencias que nos hagan", ha asegurado, y ha añadido que también se llevará a cabo un proceso participativo para que la ciudadanía o las entidades puedan contribuir con sus aportaciones. Según ha dicho, no quieren que sea una modificación de la ordenanza "del gobierno", sino que cuente con un "amplísimo consenso", así como con "la máxima solidez jurídica".