Primero le tocó al Ayuntamiento de Málaga y ahora, a la Junta. La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha expedientado a la Administración andaluza por mantener el sistema de videovigilancia del Palacio de la Aduana, donde se ejecutan las obras para el futuro Museo de Bellas Artes.

La revista El Observador denunció la presencia de estos dispositivos de grabación en las esquinas del edificio sin que existan carteles avisando a los ciudadanos de ello, tal y como establece la Ley de Videovigilancia. La multa máxima es de 300.000 euros.

Los inspectores de la AEPD visitaron el Palacio el 26 de enero de este año. «Las imágenes incorporarían datos personales de las personas que se introdujeran dentro del campo de visión y, por lo tanto, los datos personales deberían estar sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la Ley de Protección de Datos. Se ha de contar con el consentimiento del afectado, circunstancia que no se ha acreditado, por lo que cabe estimar cometida la infracción que se ha instruido», detalla la AEPD, según publicó ayer El Observador.

La clave: ya no hay Policía

La Delegación de la Consejería de Cultura es la responsable actual del edificio. Ayer este periódico intentó recabar, sin éxito, la opinión de este departamento. En cualquier caso, la Delegación alegó que el sistema de videocámaras se había desmantelado, si bien los dispositivos siguen instalados en la actualidad (ver foto).

La Junta puede recurrir esta decisión ante la Audiencia Nacional.

Parte del Palacio se había usado como comisaría de la Policía Nacional. «Sin embargo, al abandonar dicha sede y ser utilizado como almacén para la colección de Bellas Artes, dicho sistema dejó de estar legitimado para captar imágenes de la vía pública», argumenta la AEPD.

La Agencia de Protección de Datos expedientó en mayo al Ayuntamiento de Málaga por no informar en un boletín oficial de que existe un fichero en el que se guardan las grabaciones de su sistema de videovigilancia (17 cámaras en el centro histórico).

En el boletín se debe informar a la ciudadanía de la seguridad en la custodia de los vídeos y de los derechos de acceso y cancelación a los mismos. La sanción prevista oscila entre los 60.000 y los 300.000 euros. En junio, el Consistorio instaló varios carteles que informan a los viandantes de que el centro histórico está siendo grabado.