Más de 536.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, casi 50.000 empresas inscritas y 2.004 bajas mensuales por contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo). Para estos millares de datos, la Inspección de Trabajo de la provincia de Málaga tiene sólo 22 inspectores que controlan la prevención de riesgos laborales. Con la calculadora en la mano, un inspector para cada 24.377 malagueños.

La necesidad de cambiar esta radiografía quedó ayer más patente que nunca en la concentración que tuvo lugar en la Delegación de Empleo para protestar por el séptimo accidente laboral mortal en Málaga en lo que va de año (el viernes murió un hombre en el polígono industrial La Estrella). «La única forma de detener los accidentes es dotando de medios y recursos humanos a la administración de justicia y a la Inspección de Trabajo», dijo Antonio Herrera, secretario general de CC. OO.

Además de los inspectores, también trabajan en Málaga 26 subinspectores, según una respuesta parlamentaria del Congreso, pero sólo pueden informar de los riesgos laborales en las empresas a los inspectores, y «éstos últimos son los que están autorizados a levantar acta», relata Pepa González, responsable del sector del Estado en el sindicato. Sus cálculos solicitan un mínimo de 3 ó 4 empleados públicos más en cada una de las dos categorías para soportar la carga de trabajo actual, sobre todo, la que conlleva la Costa: Fuengirola, Mijas, Marbella, etc. «Porque si en el parte la empresa califica como leve el accidente de trabajo, la Inspección no lo investiga –excepto si existe denuncia posterior–, pero sí lo hace en todos los demás: graves (ingresos de urgencias con bajas laborales largas, por ejemplo), muy graves o mortales».